Alba, quien se identifica en Facebook como una educadora infantil de Valencia, se dirigió el pasado lunes 29 de febrero a la empresa de mensajería MRW a través de Twitter para expresar su malestar por el servicio recibido. Con un pantallazo de su móvil, mostró los textos de WhatsApp que el mensajero de la compañía le habría enviado, utilizando los datos personales destinados a la entrega de un pedido, según su denuncia pública. "Deberíais hacer una mejor selección de trabajadores, que luego pasa esto. ¿Mi privacidad dónde está?", se preguntaba en la red social. (Actualización del 7 de marzo de 2016. La usuaria de Twitter ha protegido sus mensajes de Twitter, que han pasado a ser privados).
Su mensaje en Twitter ha sido compartido más de 2.800 veces. Entre los comentarios que ha suscitado hay muchas muestras de apoyo, incluidos testimonios similares de otras mujeres que aseguran haber vivido la misma situación. También se pueden encontrar muchas críticas (algunos mensajes la acusan de poner en riesgo un puesto de trabajo), que Alba ha decidido compartir en su perfil público.
A través de su cuenta oficial, MRW solicita a su clienta que envíe sus datos para gestionar su queja, pero ella se muestra indecisa, ya que el trabajador conoce donde vive. "No he puesto la queja , por miedo. Pero ante todo si tienes un empleo cuídalo. Esto no es una tontería, es un delito", ha comentado Alba en uno de sus mensajes. El servicio de mensajería explica a Verne que "existe un protocolo interno, que es el que se está siguiendo en este caso. Aunque no haya habido una reclamación formal, igualmente se seguirá el circuito interno para informar a las áreas implicadas y valorar la posibilidad de tomar alguna medida, si es necesaria".
Desde MRW afirman que esta es la primera vez que tienen conocimiento de un incidente de estas características, algo con lo que coincide la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Uno de sus portavoces, Enrique García, asegura a Verne que es "una situación que se sale de lo convencional" y que sus asesores jurídicos no tienen constancia de reclamaciones similares. "Consideramos que no es un tema tan relacionado con el consumo como con una cuestión penal así que, si se acredita debidamente la acusación, se debe recurrir a la policía en vez de poner una queja formal en la empresa", apunta.
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