Sara Palomo y Alicia Jiménez son voluntarias en un grupo de personas con discapacidad intelectual que, el pasado 23 de junio, acudieron a un karaoke en Móstoles. Según han contado en Twitter y Facebook, el dueño tuvo una actitud discriminatoria con el grupo y, siempre según los testimonios de las voluntarias, llegó a llamarlos “subnormales” y “tontitos”. Tras conocer los hechos denunciados por las jóvenes, la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional de Móstoles ha organizado una manifestación para el 30 de junio.
Los post que Palomo y Jiménez han publicado en sus cuentas de Twitter y Facebook, respectivamente, han superado los 15.000 compartidos en menos de una semana. En ellos cuentan cómo acudieron al karaoke como última actividad del grupo, perteneciente a una asociación local, antes del verano. Allí, según su versión, una de las voluntarias escuchó “al dueño del local avisando a unas personas que iban a entrar, para que fueran con cuidado porque el local estaba lleno de subnormales”.
Las voluntarias también cuentan cómo el propietario preguntó insistentemente que cuándo se marcharían, llegando a referirse al grupo de personas con diversidad funcional como “tontitos”. Decidieron llamar a la policía y poner una reclamación, en la que puede leerse cómo el propietario del local niega los hechos. Verne se ha puesto en contacto con el karaoke para intentar conocer la versión del propietario, pero no ha recibido, por el momento, respuesta.
La Policía Municipal de Móstoles ha confirmado a Verne que se personó en local la noche del 23 de junio tras la llamada de una de las voluntarias y que estas solicitaron las hojas de reclamaciones del local. Tras ver la repercusión del suceso, los agentes especializados en casos de discriminación y delitos de odio del cuerpo de Policía están intentando contactar con Sara Palomo (la autora del hilo de Twitter) para recabar más información.
Verne ha intentado ponerse en contacto tanto con Palomo como con Jiménez, pero no ha recibido respuesta. Según la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional de Móstoles, las voluntarias han decidido no hacer declaraciones por el momento. Para tramitar una reclamación, después de rellenar la hoja de reclamaciones, es necesario entregar la copia en una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Hasta la fecha, no ha trascendido si Jiménez, la voluntaria que se hizo cargo de la reclamación, la ha entregado.
La Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional de Móstoles conoció la historia a través de los relatos que Palomo y Jiménez publicaron en redes sociales. “Cuando vimos los post nos pusimos en contacto con una de las voluntarias, que nos contó lo sucedido”, explica a Verne Alberto Gámez, portavoz de la organización. “Después, lo pusimos en conocimiento de algunos de los grupos de gobierno locales [entre ellos, PSOE, que gobierna en la localidad], que nos mostraron su apoyo y su rechazo por lo sucedido”.
Fue entonces cuando valoraron manifestarse “como respuesta a la discriminación y a las agresiones, verbales y no verbales, que sufren los discapacitados en el ocio nocturno”. Gámez cuenta que este hay más casos similares que llegan a oídos de la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional. “La mayoría de las denuncias son por problemas de accesibilidad, pero también episodios de discriminación a personas con diversidad funcional intelectual”.
Este no es el primer caso de discriminación a personas con discapacidad intelectual que ha trascendido mediáticamente este año. En febrero, durante una charla celebrada en un hotel de Motilla del Palancar, en Cuenca, uno de los organizadores solicitó la expulsión de una mujer con Síndrome de Down argumentando que “iba a asustar a la gente”. Pedro Sánchez se solidarizó con la afectada en Twitter. “Las personas con diversidad funcional nos enriquecen como sociedad”, escribía. “Es intolerable la humillación y la discriminación a la que ha sido sometida”.
El pasado año, el dueño de una pub de Lleida aceptó una pena de ocho meses de prisión tras reconocer que habían denegado la entrada, durante meses, a personas con síndrome de Down. El propietario pidió disculpas a la asociación Down Lleida, que interpuso la denuncia, y alegó que lo había hecho porque bajaban la facturación del local.