Las amenazas, los golpes y la intimidación obligan a miles de mujeres en México a buscar un asilo. Un lugar donde su vida no corra riesgo. Los recursos destinados a sostener estos espacios atendidos por miembros de la sociedad civil se han suspendido temporalmente, según indicó la Secretaría de Salud. “Afecta el acceso de las mujeres, sus hijos e hijas a espacios de protección, aunque se hable de una suspensión temporal”, dice a Verne Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, vía telefónica.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dio a conocer este jueves la suspensión de la convocatoria para la asignación de subsidios para refugios destinados a mujeres y menores víctimas de violencia. El comunicado detalla que esta decisión acata una circular firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de febrero de 2019. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla recursos por 346 millones de pesos en subsidios para estos espacios. Se puede consultar en la página 8 de este documento.
“Se trata de mujeres víctimas de violencia extrema, que no tienen ninguna red de apoyo y cuyos agresores aumentan su vulnerabilidad”, detalla Figueroa. La Red Nacional de Refugios cuenta con 41 espacios atendidos por el Gobierno y la sociedad civil, además de 39 centros externos, según detalla su directora. Buena parte del ingreso para mantener estos espacios provienen de recursos públicos, como lo detalla un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2015.
Las mujeres viven una situación de violencia creciente en México. En 2018 fueron asesinadas 3.580 mujeres, casi 10 por día, mientras que el INEGI destaca que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna agresión, principalmente de sus parejas sentimentales. “Ellas llegan referidas por instancias de Gobierno, institutos, centros de atención y también por comunicación de voz”, dice Figueroa.
La red que dirige representa casi el 70% del total de los espacios libres de violencia (incluyendo los gubernamentales y los de la sociedad civil) para las mujeres, con al menos un refugio en cada Estado del país. Más de 20.000 mujeres estaría en riesgo al posponerse la entrega de estos recursos. “Cada año tenemos que vivir los primeros cuatro meses con recursos propios”, Detalla Figueroa. “Creamos alianzas, cubrimos los montos para alimentos y atención”, dice.
En estos lugares las mujeres y sus hijos menores de edad reciben medicamentos, hospedaje, tratamiento psicológico y talleres para restituir sus derechos. “Yo no veo este retraso como una lucha entre los organismos e la sociedad civil y el Estado, sino que más bien hace falta una política para garantizar el bienestar de la mitad de la población”, señala.