"¿En qué momento el Gobierno dejó de estar de parte de los ciudadanos y se puso en contra de nosotros? En vez de cuidarnos se dedica a multarnos", lamenta Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, en un spot donde se pronuncia contra las fotomultas. La exdelegada de Tlalpan argumenta que estas infracciones representan "un agravio a la economía de las familias" y que el 46% de la recaudación derivada de las mismas se va a una empresa privada (690 millones de pesos).
El video con duración menor a un minuto ha revivido un debate acerca de las sanciones de tránsito generadas por radares fotográficos, activos desde octubre de 2015 en la capital mexicana. Muchos usuarios han aplaudido a la precandidata, pero muchos otros -incluyendo varios expertos en movilidad- han señalado las ventajas de la tecnología. La principal de ellas: reducir la velocidad de los automovilistas y, por lo tanto, los accidentes mortales.
Desde el pasado 3 de febrero, cuando fue lanzado el spot de Sheinbaum, otro aspirante a la jefatura de la capital mexicana se ha pronunciado contra las fotomultas. Mikel Arriola, del PRI, ha asegurado que de ganar las elecciones en julio eliminará este mecanismo de sanciones de tránsito. "Son un impuesto disfrazado, es el peor abuso que se ha dado en la Ciudad de México", consideró Arriola en Radio Fórmula.
A favor de las fotomultas
Verne consultó a Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). En su opinión, es irresponsable que los precandidatos hagan este tipo de propuestas sobre medidas que no son las más populares, pero que ponen a la Ciudad de México en la línea de buenas prácticas internacionales en materia vial. "En época de elecciones suena atractivo, pero ciertamente es irresponsable", considera Baranda.
El especialista cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando afirma que "a mayor velocidad de los autos, crece exponencialmente el riesgo de lesión y fallecimiento". De acuerdo con cifras del organismo, el riesgo de muerte de un adulto atropellado por un automóvil a 50 km/h es inferior al 20%, pero las posibilidades de fallecimiento aumentan a casi 60% si el atropello se produce a 80 km/h. Según la Secretaría de Salud, 21 peatones mueren atropellados cada día en México.
Gisela Méndez, urbanista y secretaria de Movilidad de Colima, ha elaborado una gráfica que muestra la correlación entre las muertes por accidentes viales y los ingresos por multas en la Ciudad de México. De 2009 a 2017, los fallecimientos se han reducido en casi 50%. En el mismo periodo, la recaudación aumentó en un 1.230%. Méndez distingue dos momentos clave en esta línea del tiempo: la integración del sistema de multas electrónicas, en 2011; y la del programa de fotomultas, en 2015. La línea amarilla representa el pago a la empresa
"El primer derecho humano es el derecho a la vida" y "la sanción económica sirve para que te la pienses dos veces antes de violar el reglamento", sostiene Méndez en un artículo de su blog Ciudad Visible, donde rebate cada uno de los argumentos del spot de Sheinbaum. La funcionaria también apunta que el 70% de los desplazamientos urbanos se hacen en transporte público y medios no motorizados, y que las 800 muertes anuales, en promedio, han sido responsabilidad de parte del 30% de la población que se mueve en auto.
La secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, Laura Ballesteros, también ha manifestado en Twitter su desacuerdo con la propuesta de la precandidata de Morena.
En contra de las fotomultas
En marzo pasado, un juez federal declaró que la forma en la que se cobran las fotomultas en la Ciudad de México es inconstitucional. Fernando Silva García concedió amparos a cuatro automovilistas al considerar que no pueden recibir una sanción sin que antes tengan la oportunidad de defenderse, ya que el artículo 14 de la Constitución establece el derecho de audiencia y defensa. Este fallo abrió la puerta a que otros infractores se amparen.
Según Animal Político, las quejas por fotomultas ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) se duplicaron en los primeros meses desde la puesta en marcha de los radares. La mayoría de las aclaraciones solicitadas están relacionadas con el envío de infracciones vencidas (y la consecuente eliminación del descuento por pronto pago) y las fotos en las que no se distingue la placa con claridad.
En su momento, el juez también cuestionó que una empresa privada -Autotraffic- opere el sistema de fotomultas, y que su ganancia sea del 46% por cada infracción. Silva García consideró que esa situación crea un fuerte incentivo económico para imponer multas a los conductores.
Sheinbaum respondió a sus críticos argumentando que el costo de una de las infracciones por fotomulta, la invasión del paso peatonal, es poco menor que el salario mínimo mensual en México. En su mensaje aclaró que no está en contra del reglamento de tránsito, sino "del uso de poder público como negocio particular".