La violencia machista contra las mujeres crece en Ciudad de México. Este lunes, un juez ha ordenado al Gobierno mexicano que emita una alerta por violencia de género en la capital. El amparo fue concedido en viernes a un grupo de organizaciones feministas y han demandado que la declaratoria se emita a más tardar el 30 de septiembre.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha expresado su rechazo a que se emita la declaratoria, argumentando que se han implementado muchas acciones para frenar la violencia. “No puede basarse en los resultados y al entorno del régimen anterior. La Alerta de Violencia de Género refiere a medidas de emergencia, en tanto que para nosotros la violencia de género requiere de una atención integral y permanente”, ha dicho la gobernante.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta es “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
Este conjunto de acciones son ordenadas a los Estados por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Ana Pecova, directora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, dice a Verne que este mecanismo es rechazado la mayor parte de las veces por los Gobiernos de los Estados. “El diseño de la alerta está pensado para ser rechazado, porque los Estados tienen que sacar dinero de donde no lo hay y porque lo pide el Gobierno Federal”, indica, vía telefónica.
Según la ley, cuando se declare alerta de violencia de género contra las mujeres, el Estado deberá realizar las siguientes acciones:
1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.
2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.
3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.
4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.
5. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Pero en los 18 Estados donde se ha implementado la alerta ha habido pocos resultados. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada dos horas y medio, en promedio, una mujer es asesinada. Tan solo de enero a julio se tienen confirmados 540 casos, pero podrían ser más.
Para Pecova, la negativa de Sheinbaum a declarar la alerta resulta extraña. “Se acepta la declaratoria, se evalúa qué se está haciendo y se sigue adelante”. dice. No obstante, reconoce que los mecanismos que son contemplados por la ley son ineficientes. No solo se trata de capacitar a los miembros del sistema de justicia penal, sino de contar con mejores datos, realizar campañas y mejorar los procesos de investigación”, dice.
Adicionalmente, la directora de Equis considera que las alertas de género no pueden ser similares para todos los territorios. “Las circunstancias de la violencia pueden ser muy distintas en Ciudad de México que en un Estado con población rural”, comenta.
En las últimas semanas, miles de mujeres han salido a las calles de la capital mexicana bajo el lema "No me cuidan, me violan" para protestar contra los feminicidios, el abuso, el acoso sexual y las amenazas a su seguridad. El pasado 16 de agosto algunas manifestantes que protestaban por varios casos de violación en la ciudad a manos de la policía, realizaron pintadas en el monumento a la independencia que expresaban la rabia que se palpa en estos días por el aumento de la violencia contra las mujeres.
Los Estados con más asesinatos de mujeres a causa de la violencia machista son Veracruz, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.