El Gobierno de México ha pedido que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregue los datos biométricos de los ciudadanos: huellas digitales, registros faciales y oculares estarían en poder del Estado. El objetivo, según la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es crear un registro nacional de población (Renapo) para emitir una cédula de identidad nacional. Este sería un documento de identidad con información biométrica de todos los mexicanos.
El titular del INE, Lorenzo Córdova, rechazó en varias ocasiones que se haga entrega de la información de los ciudadanos registrados para votar en México. Hasta enero de 2020, el INE guarda la información de 87,3 millones de personas. “La instrucción del presidente [López Obrador] es que no insistamos en la base de los biométricos del INE, sino iniciar convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, ha dicho Sánchez Cordero ante la negativa de Córdova.
El registro que el INE tiene es el más grande del país. Incluye huellas digitales y fotografías que pueden ser escaneadas para obtener el registro facial. De acuerdo con datos del SAT, 5,5 millones de personas han entregado sus datos biométricos (que en este caso, también incluyen un registro ocular contenido en el iris). Por su parte, la SRE emite un promedio de 2,5 millones de pasaportes al año, con una vigencia que va desde uno a los diez años de antigüedad y que también incluye las huellas dactilares y fotografías del rostro.
“El problema de tener una base centralizada con los datos de 130 millones de personas, es el riesgo que supone que puedan ser vulnerados”, dice a Verne Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
¿Quiénes tienen acceso a los datos biométricos de los mexicanos?
Los organismos públicos no son los únicos que tienen acceso a estos datos. Muchas empresas y organizaciones privadas poseen registros biométricos. Desde 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó que las entidades como bancos y Afores puedan recoger, mediante diversos mecanismos tecnológicos, las huellas dactilares de sus clientes. “También los seguros lo hacen”, explica a Verne Yecaneh Aguado, directora comercial para México de Thales, una empresa que ofrece el servicio de recolección y almacenamiento de datos biométricos a instituciones financieras. “Son quienes más riesgo tienen en transacciones y se hace para evitar delitos como la suplantación de identidad”, comenta.
México es el octavo país a nivel mundial en robo de identidad, lo que supone pérdidas para el usuario que es víctima de este crimen, según cifras del Banco de México en 2018. “La ley protege los datos de los usuarios, además de que esto no se hace sin el consentimiento del cliente”, detalla Aguado. "Los mecanismos que se usan son de alta tecnología para evitar que haya alguna confusión y son respaldados con cifrado, para que quien no sea ajeno a la institución y la propia persona, no pueda tener acceso a estos datos”, comenta.
Otras empresas tecnológicas también poseen este tipo de registros, pero no los conservan. “Por ejemplo, puedes usar tu huella o tu rostro para desbloquear tu teléfono, pero ni Apple ni Samsung, por mencionar algunos, conservan estos datos”, dice la ejecutiva de Thales.
El riesgo de una base de 130 millones de huellas y rostros
Según García, el Estado mexicano tiene que explicar la finalidad de poseer este tipo de datos, ya que son únicos y no pueden ser modificados. “El Estado es muy vago en decir cuál es el problema que se quiere solucionar, y que la cédula de identidad resolvería”, dice el director de R3D.
En mayo de 2003, la base de datos del entonces Instituto Federal Electoral fue vulnerada y vendida a una empresa por 16,5 millones de euros. En ese entonces, el padrón era de 58 millones de mexicanos mayores de edad.
Proteger los datos de una población no es barato. En 2007, el Parlamento de Reino Unido rechazó incluir datos biométricos en el documento de identidad nacional, pues el costo se elevaba en más de 840 millones de libras esterlinas, con un costo total de 5,7 mil millones de libras por el proyecto total. “No podemos darnos el lujo de tener esta base de datos que se nos ofrece como muy eficiente, pero que puede ser usada en perjuicio de los ciudadanos y cuya eficiencia es correlativa al riesgo”, concluye García, de R3D.
A nivel global, varios países guardan registro de los datos biométricos de sus ciudadanos y de extranjeros al momento de emitir visas. Según un estudio de la empresa Comparitech, China, Malasia, Estados Unidos, Taiwán, Filipinas, India e Indonesia encabezan la lista de los países que más datos biométricos piden al momento de emitir pasaportes, tarjetas de identificación y cuentas bancarias.