Cuando en 2015 Jessica Marjane trató de entrar con su amiga Alessa Flores en un baño público del centro comercial Reforma 222, en Ciudad de México, varios guardias de seguridad les impidieron el paso. Les pedían una identificación para poder hacer sus necesidades. Las dos mujeres trans denunciaron el caso por discriminación que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo que vivieron Jessica y Alessa refleja una parte de la realidad que vive la población trans (transgénero, transexual y travesti) en México, una de las minorías más castigadas por la violencia en el país. México es el segundo lugar del mundo con la tasa más alta de transfeminicidios, solo por detrás de Brasil, señala Transgender Europe. Según reporta la organización Letra Ese, entre 2013 y 2018, hubo 473 homicidios de personas LGBT+ en México, 261 eran mujeres trans, como Alessa Flores, que fue asesinada el 13 de octubre de 2016 en un hotel de la Ciudad de México. Su muerte todavía sigue impune. Entre 2008 y 2019, el 78% de los asesinatos de personas trans en el mundo se cometieron en América Latina: 2.608, señala el Observatorio de asesinatos trans de Transrespect.org. La esperanza de vida media de esta parte de la población no supera los 35 años.
Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH- Sida de la Secretaría de Salud federal, en 2017 había entre 0.1% y 0.5% de mujeres trans (no contabilizó a hombres trans y personas no binarias), lo que representaría unas 112.000 mujeres trans entre 15 y 64 años. Resulta complejo saber con exactitud cuántas personas trans viven en el país, ya que no existe esa información en ningún censo de población y muchas de ellas prefieren no exponerse para evitar violencia en su contra. Hasta 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la disforia de género como una enfermedad mental.
Pese a que la lucha de la comunidad trans y organizaciones de la sociedad civil ha conseguido victorias importantes como el cambio de identidad en algunos Estados del país, no es suficiente. Hay avances sobre el papel, pero sigue la criminalización de esta parte de la población. “Los derechos en México son derechos con términos y condiciones”, dice Jessica Marjane de la Red de Juventudes Trans. “México tiene 32 Estados y eso conlleva 32 realidades distintas. Pese a que haya leyes para garantizar, promover y respetar los derechos de las personas, no hay mecanismos de cumplimiento y menos de protección, transparencia y rendición de cuentas”, señala la joven activista. El último crimen contra una persona trans fue la desaparición en Ciudad de México de la doctora Elizabeth Montaño, quien fue hallada muerta 10 días después en el Estado de Morelos.
En 2015, con una reforma del Código Civil, Ciudad de México tuvo la primera legislación en el país que permitió a miles de personas cambiar de forma sencilla, como un trámite administrativo, su nombre y género en los documentos de acuerdo a su identidad. Desde 2008 y hasta entonces, era necesario realizar un trámite judicial más lento, costoso y contar con el peritaje de dos médicos que dieran el visto bueno.
Según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 2015, se ha reconocido la identidad de género de 4.703 personas en México, la mayoría en la capital, Ciudad de México. Seguida de Michoacán, Colima, Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Coahuila. En Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Puerto Vallarta, en Jalisco, pese a que no existe una legislación como en las otras entidades, el reconocimiento es posible por medio de procedimientos materialmente administrativos.
“La sociedad en México y en el mundo tiene una deuda histórica con las personas trans”, dice Rebeca Garza, de la colectiva Queretrans en Querétaro. Deudas atravesadas por el racismo, el clasismo y la transfobia. “Tenemos derecho a que se reconozca nuestra identidad, a la dignidad humana, a nuestra autonomía en la toma de decisiones. Se nos cuestiona primero desde el espacio familiar, después en la escuela, en la calle donde existe una gran persecución policiaca y acoso; después la negación en los espacios laborales, de donde nos expulsan”, señala. “En un Starbucks, en la escuela, en el centro comercial… nadie se pregunta, ¿dónde están las personas transgénero? Es una población con una tasa de desempleo del 90%”, resalta Garza. “Las personas trans somos invisibilizadas como sujetas de derecho. La sociedad si nos ve y sabe que existimos, por eso nos violenta, porque sus estándares buscan aniquilar la diferencia”, agrega Jessica Marjane.
El desafío principal en México está en la "necesidad de un cambio cultural que, más allá de su condición legal, logre su integración y reconocimiento social", señala un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales Transexuales e Intersex (ILGA), donde se resalta que las condiciones económicas, políticas y sociales, el avance de las fuerzas conservadoras y la presencia de iglesias evangélicas "representan un grave riesgo para la defensa de los derechos humanos".
Ambas activistas coinciden en que no solo hace falta un cambio en la legislación, también en la mentalidad y el cuidado de poblaciones vulnerables que incluya a las personas transmigrantes, indígenas, trabajadoras sexuales, negras, latinas, racializadas e infancias y adolescencias trans. “Es importante mirar a las periferias y escuchar las voces que no hemos escuchado todo este tiempo”, dice Garza.
Jessica Marjane considera que el cambio en la sociedad también tiene que ver con dejar de asociar a las personas trans solo con historias de tragedia y marginación, también hay que dar esperanza. Con la belleza que para él representó su transición, el poeta oaxaqueño Daniel Nizcub escribió el libro Poesía en transición (Ed. Pez en el árbol). “Más allá de los datos duros en color rojo, el arte y la creatividad nos pueden salvar”, dice Nizcub.
“[Con el poemario quise] mostrarle a las personas la belleza de los cambios, tu cuerpo tiene cambios todos los días seas o no seas trans. Grabé un poema cada mes a medida que se iba produciendo el cambio hormonal y tengo registradas todas mis voces”, cuenta a través del teléfono, con la esperanza de que su obra ayude a otras personas que viven lo que él vivió.
“El reto es cambiar cómo nos ven. Queremos ser vistas como personas que tienen derecho a soñar una vida de más de 35 años, a un trabajo digno, al acceso a la salud sin patologización, a que nuestras voces no sean tuteladas y no ser solo un mero objeto de estudio. Nuestra utopía es llegar a viejas, pero llegar bien”, explica Jessica Marjane.