Guía rápida para entender qué está pasando en Melilla

El Ministerio del Interior abre una oficina para pedir asilo en la ciudad autónoma

Los migrantes sirios superan por primera vez a los subsaharianos

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Un hombre encaramado en un poste de la valla de Melilla
Un hombre encaramado en un poste de la valla de Melilla. AP

Una de las consecuencias de viajar a Melilla es que la cabeza se llena enseguida de preguntas. ¿Por qué una valla rodea la ciudad hasta el último centímetro de frontera? ¿Por qué jóvenes africanos que logran superarla son interceptados por la Guardia Civil y devueltos a Marruecos en las llamadas devoluciones en caliente? ¿Cómo puede ser que Europa advierta de que esto es ilegal y España lo siga haciendo?

Las preguntas aumentan cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aterriza en la ciudad e inaugura una Oficina de Asilo para Refugiados, casi un año después de que miles de sirios hayan llegado a la ciudad huyendo de la guerra. ¿Esta oficina terminará con los saltos? ¿Es solo para sirios o también para los subsaharianos? Surgen más incógnitas cuando el Senado anuncia que ha aprobado una enmienda a la Ley de Extranjería a través de la denominada ley mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Es ahora legal devolver en caliente? ¿Por qué en Melilla se actúa de forma distinta al resto de España?

Dejemos las preguntas y pasemos a las respuestas. Tras intensos días de trabajo en la ciudad autónoma hablando, preguntando y entrevistando a los protagonistas de esta historia, algunas dudas aspiran a quedar por fin despejadas en esta guía.

¿La valla está en España o en Marruecos? ¿O entre ambos en tierra de nadie?

Los convenios firmados por España y las autoridades marroquíes en Tánger en 1862 recogen que el territorio español llega aproximadamente dos kilómetros más allá de donde se sitúa la valla. Por tanto, si alguien está en la valla, según los tratados internacionales firmados, está en España.

Hay precendentes jurídicos, sin embargo, que hacen la distinción entre frontera jurídica y frontera funcional. La primera responde a los tratados internacionales y la segunda a un criterio de Gobierno, político o de operatividad policial. La frontera funcional, en este caso, está “mas acá” de lo que marca la frontera jurídica y es a la que se aferra el Gobierno español para actuar en Melilla. España entiende que la entrada de un inmigrante en España estará consumada cuando se rebase completamente “el sistema perimetral de seguridad” que, según el propio ministro, son los medios físicos (vallas) y humanos (la línea de guardia civiles que vigila la entrada).

Si asumimos como válido el criterio del Gobierno, España está cediendo de facto territorio español a Marruecos: hay casas de vecinos marroquíes a pocos metros de la valla, en lo que –legalmente- es España.

¿Qué decía hasta ahora la Ley de Extranjería que se debe hacer si un extranjero sin visado está encaramado a la valla?

Dado que la valla es, legalmente, territorio español, la Ley de Extranjería española (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) recogía hasta ahora que quien esté en ella debe ser identificado, averiguar de qué país proviene, qué acuerdos hay con ese país y abrir un proceso administrativo para determinar qué se hace con esa persona. Así se procede en cualquier otro punto fronterizo de España. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas: si alguien llega en un vuelo sin permiso o visado, se le acomoda en el aeropuerto, se revisa su situación y se devuelve en un vuelo en caso de que se deniegue su entrada en España.

¿Por qué se lleva haciendo de otro modo en Melilla en los últimos años? ¿Por qué no se ha cumplido la ley en la ciudad autónoma?

Melilla ha supuesto durante todos estos años una ilegalidad. Lo que se ha hecho y sigue haciéndose es que cuando un subsahariano alcanza y sube la valla, los agentes lo bajan y lo devuelven por alguna de las puertas directamente a Marruecos, un país que, además, ni siquiera es el del expulsado. Este gesto es conocido como ‘devoluciones en caliente’ aunque el el Gobierno y algunas autoridades lo denominen ‘rechazo en frontera’. “En realidad, legalmente, no hay por dónde cogerlo”, afirma Teresa Vázquez, responsable del servicio jurídico de CEAR en Melilla.

La ciudad autónoma supone una situación excepcional que, según el Gobierno, ha necesitado una respuesta excepcional. Esta respuesta, durante todos estos años, se ha basado en un protocolo de la Guardia Civil denominado ‘rechazo en frontera’ por el cual las fuerzas de seguridad consideraban que una persona no estaba en España hasta que superase la barrera de guardias civiles o policías. Un protocolo que, por cierto, ni siquiera fue trasladado por escrito a los agentes, sino que se les explicó de viva voz. Tampoco supone una garantía jurídica, tal y como acaba de anunciar el Consejo de la Abogacía. De este modo, cuando un subsahariano es bajado de la valla, se le rechaza. Esto es, se abre una puerta y se le expulsa a Marruecos.

El Gobierno acaba de modificar la ley. ¿Qué dice ahora?

Para dotar de legalidad a esta práctica que se lleva haciendo años en España, el Gobierno ha aprobado una enmienda a la Ley de Extranjería a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en la que se recoge la figura legal de ‘rechazo en la frontera’. Es decir, ya es legal a ojos de la legislación española expulsar de este modo a un migrante aunque esté en territorio español. El problema -grave- es que esta enmienda es, probablemente, inconstitucional y, sin género de dudas, contraria a los tratados internacionales firmados por España. Es decir, la ley contradice los convenios en los que España es firmante. Eso sin contar que vulnera derechos humanos también firmados por España.

¿Por qué Marruecos acepta la devolución de subsaharianos?

Hay un sinfín de intereses estratégicos y políticos que vinculan a España y Marruecos. Como por ejemplo el acuerdo pesquero entre ambos países, una relación que evidencia la limitación de movimientos que, en ocasiones, España tiene ante Marruecos. De este intercambio de equilibrios surgen acuerdos y convenios que no siempre encajan bien en la legalidad. En el caso de las expulsiones directas de extranjeros a su territorio, ambos países se basan en el acuerdo bilateral firmado en 1992 (Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente), que no entró en vigor hasta el año 2012 pero que fue aplicado de forma provisional en Melilla durante 20 años, contraviniendo los tratados internacionales suscritos por España.

¿No es posible que los subsaharianos consigan un visado de entrada en sus países de origen?

Los subsaharianos que intentan acceder al visado en su país de origen se enfrentan a un coste altísimo y a un largo proceso burocrático empapado con permisos y condiciones. España podría contribuir a paliar esto si lograse acuerdos migratorios con los países de origen que faciliten flujos migratorios: esto es, posibilidad de contratos de trabajo firmados en el país de salida, información, explicaciones de cuál es la situación en España en los puntos de partida, etcétera. Los principales países de los que provienen los subsaharianos son Nigeria, Costa de Marfil, Gambia, Níger, Malí, Camerún, Senegal, Burkina Faso, Togo, Ghana y Guinea Conakry.

¿Qué dice el Gobierno español sobre esta situación?

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha insistido en los últimos meses en que el rechazo en frontera es “perfectamente legal, absolutamente constitucional y acorde a la legislación europea”. Según el Gobierno, se trata de “algo tan elemental como que los estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras a través de los pasos fronterizos organizados a tal efecto”. Fernández también avisó hace algunos días de que “los que irregularmente e ilegalmente intenten atravesar la frontera a través del perímetro fronterizo, que quede claro que no quieren pedir asilo sino que son inmigrantes que quieren entrar ilegalmente en el país”.

El Ejecutivo quiere transmitir que ha adecuado la ley para evitar que nadie entre ilegalmente en Melilla a través de la valla, extendiendo la frontera legal hasta el cordón policial. Quien desee entrar sin visado debe solicitar asilo. Y para reafirmar esta postura, el gobierno acaba de inaugurar la Oficina de Asilo para Refugiados en Melilla.

¿Por qué entonces los subsaharianos no piden asilo en lugar de saltar la valla?

Básicamente por dos motivos:

1. La policía marroquí casi nunca les deja acceder al lado español para que soliciten asilo. La inmigración es un negocio fabuloso para las mafias. Existen decenas de organizaciones que trasladan a los subsaharianos desde sus países de origen hasta la frontera con Melilla. Primero en camiones, a través del desierto, y después los alojan en campamentos en los montes cercanos a la ciudad española -como el conocido del monte Gurugú- donde pueden pasar meses y hasta años hasta que consiguen saltar la valla. Por todo este proceso los subsaharianos deben pagar. Abdala pagó 800 euros por todo el proceso. “Después estuve siete meses en el monte Gurugú, pero al segundo se me acabó el dinero. Llegué a buscar comida en la basura. Saltar la valla era mi única opción”. Si la policía marroquí les dejara pasar para solicitar asilo en España, demasiada gente perdería mucho dinero.

2. España tiene un protocolo limitado, lento y muy duro para los solicitantes de asilo subsaharianos. Aunque con los días contados, la tarjeta que se les da a los subsaharianos con condición de refugiados reza: ‘Válido solo en Melilla’, algo que no interesa ni remotamente a los recién llegados. La mayoría quiere irse a otro país de la UE o, como mínimo, llegar a la Península. Además, cuando solicitan asilo, estudian cada caso, en un proceso que puede alargarse hasta el año y medio. Hasta ahora, durante todo ese tiempo debían vivir en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, un centro con condiciones duras: espacios comunes de 200 personas en literas triples para dormir, baños sucios sin agua caliente y saturación. A día de hoy el centro está desbordado; con una capacidad para 480 personas, desde mayo de 2014 alberga en su interior casi a 2.000. Finalmente, en la mayoría de casos la solicitud es denegada: según datos de CEAR, hasta un 90% acaban en no. Todo el proceso de espera no sirve para nada.

Por eso prefieren entrar como migrantes irregulares: en ese caso el promedio de estancia en el CETI es de unos tres meses y después son trasladados a Madrid o a otra ciudad de la península donde bien son acogidos en pisos gestionados por ONG durante un máximo de tres meses, o bien se les ingresa en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). En estos centros -que funcionan con un régimen penitenciario y están envueltos en una gran polémica- solo pueden ser retenidos dos meses. Después, y si todavía no han sido extraditados, se les deja en libertad pendientes de juicio para su expulsión. Esta libertad es el objetivo que perseguían desde el principio y, obviamente, ninguno acude a un juicio que terminará con su expulsión de España.

¿No pueden pedir asilo desde la valla?

Ahora existe una Oficina de Asilo, pero los subsaharianos no pueden acceder a ella a no ser que se cuelen en territorio español, es decir, a no ser que se jueguen la vida saltando la valla. La ley establece que una vez en suelo español se puede pedir asilo en territorio, es decir, ya superada la valla (y desde ahora también el cordón de guardia civiles) un subsahariano se puede acercar a un policía o a una comisaría y pedir asilo. La nueva ley establece que para solicitar asilo en frontera hay que acudir al punto habilitado para tal fin, esto es, la recién inaugurada oficina. Que los subsaharianos no puedan pedirlo en frontera vulnera el principio de non refoulement (no devolución) recogido en el Art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Art. 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados; el Art. 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; y la Ley española 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (española). De récord.

¿Solo hay inmigrantes subsaharianos pidiendo asilo?

No, desde hace meses ha aumentado el número de sirios que están llegando a España huyendo de la guerra. De momento, muchos sirios todavía no están solicitando asilo aunque tal vez para ellos la oficina recién inaugurada tenga mayor utilidad.

También engañados por las mafias de contrabando de personas de Marruecos, un gran número de sirios está entrando desde hace meses en Melilla por los pasos fronterizos con pasaportes marroquíes falsos o, simplemente, colándose entre la marabunta de porteadores del comercio atípico en hora punta. Una vez en Melilla, acuden al CETI y se registran como inmigrantes ilegales comunes a la espera de ser trasladados a la Península, siguiendo el mismo proceso que los subsaharianos.

No quieren solicitar asilo porque las organizaciones marroquíes les han dicho que, si lo hacen, no podrán viajar a otros países de la UE, que es lo que quieren prácticamente todos. España es solo un paso hacia Alemania, Dinamarca o Noruega. La cuestión es que esto es mentira: se lo dicen las mafias para que sigan acudiendo a sus organizaciones y les compren pasaportes falsos por los que pagan hasta 1.800 dólares. Pero la realidad es que, si solicitan asilo, sí podrán viajar bajo esa condición a un segundo país de la UE. De hecho, la ley europea especifica que un refugiado tiene la obligación de solicitar asilo en el primer país al que llega. Si no lo hace así, el segundo país al que pretende entrar le puede mandar de vuelta al primero para gestionar su condición de refugiado.

La cantinela de que no se hagan refugiados ha calado entre la comunidad de sirios en Melilla: no se fían. No se quieren arriesgar a verse obligados a quedarse en España. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o ACNUR están explicando estos días a los sirios recién llegados, casi persona por persona, que deben solicitar asilo para tener la tarjeta de refugiado y, después, poder irse o quedarse, lo que ellos elijan. No está siendo fácil convencerles, aunque la situación está cambiando y cada vez más acceden a la petición, tras comprobar por ellos mismos que el proceso de envío a la Península es mucho más rápido como refugiados que como inmigrantes irregulares. “La mayoría de sirios llega con la idea fija de que no deben hacerse refugiados”, explica Mahmoud, un kurdo que espera en el CETI su regularización. “Pero poco a poco les están explicando que no hay ningún problema, que deben solicitar asilo. No es fácil. Los sirios son muy cabezotas”, concluye riendo.

¿El proceso de asilo es el mismo para sirios que para subsaharianos?

En teoría sí. Pero en la práctica, y debido al número creciente de sirios que están llegando a Melilla, las autoridades están agilizando sobremanera el proceso para los segundos. Según explican desde CEAR, a un subsahariano tardan un año y medio en decirle si le aceptan como refugiado o no, mientras que es raro el sirio que espera más de dos meses. Y sus casos se están aceptando en el 99% de las peticiones. Una vez aceptado, se les entrega una tarjeta roja que les acredita como refugiados y se les traslada a la península. Esta tarjeta les da derecho a vivienda, sanidad, educación y acceso al mercado laboral. Además, reciben clases de español y optan a la residencia cuando termine su condición de refugiados.

¿Por qué el proceso y la situación son tan distintos dependiendo del país de origen?

No hay nada legal que lo explique, es una cuestión, si acaso, diplomática. Los sirios vienen de una guerra con implicaciones estratégicas, de modo que podría suponer un inconveniente diplomático para España someter a los sirios a situaciones como las que padecen los subsaharianos.

Hay también una cuestión puramente racial. Los sirios pueden entrar por los puntos habilitados en frontera porque se parecen a los marroquíes y una vez en Melilla pueden solicitar asilo con efectividad porque España se lo concede. Los subsaharianos no pueden ni acercarse a un paso fronterizo porque son negros (algo que les impide el paso con pasaporte marroquí) y no les interesa solicitar asilo una vez en Melilla porque esperan un año y medio para, en el 90% de los casos, recibir una denegación.

¿Por qué llegan a Melilla y no a otra ciudad española?

Es el destino que las organizaciones ilegales les preparan. En el caso de los sirios, la mayoría sale de los campos de refugiados de Turquía e Irak y vuelan a Argelia. De Argelia atraviesan ilegalmente a Marruecos (a pie y de forma clandestina) pagando a las mafias y, de ahí, a Melilla. Desde el pasado 1 de enero Argelia sí exige visado a los sirios, de modo que se ha cerrado esta ruta. Actualmente, el flujo de sirios busca una alternativa para alcanzar Melilla. Mauritania podría ser una opción.

Volar, por ejemplo, a Madrid o Barcelona no es solo carísimo para ellos, sino que resulta inviable toda vez que en el aeropuerto de origen les impedirían despegar sin visado. Se crea una paradoja por la cual, para solicitar asilo legal en España, deben primero ponerse en manos de organizaciones ilegales que les permitan llegar a España.

En resumen

La situación en Melilla es muy compleja y la ciudad alberga una población flotante de inmigrantes ilegales a la espera de conocer su futuro que alcanza más de 2.000 personas. Actualmente, la gran mayoría son sirios. Están por toda la ciudad e incluso han cambiado el paisaje social y urbano de la ciudad: los sirios son ahora la primera minoría.

Para algunos, aplicar la ley de extranjería anterior y acoger a todo aquel inmigrante que alcance la valla, provocaría un efecto llamada y colapsaría la ciudad (una creencia que habla de la poca cultura de asilo que existe en España, el segundo país de Europa con menos refugiados de la UE). Para otros, en cambio, no solo es obligatorio moralmente cumplir la ley, sino que entienden que hacerlo normalizaría la situación y empujaría al Gobierno a negociar y buscar soluciones con los países de origen. En medio, Marruecos y España, países unidos por delicados y numerosos acuerdos económicos y estratégicos.

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