Vista desde lejos, la figura del jurado popular podría parecer absurda. Los jueces son personas inteligentísimas que tardan años en sacarse una complicada oposición para decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado. Y, de repente, por alguna oscura razón, esa misma tarea recae en señores comunes y sin ninguna formación jurídica. ¿A qué se debe eso?
La explicación es histórica. Normalmente, en los periodos históricos menos democráticos se limita la participación de los ciudadanos en la vida pública. Por el contrario, las épocas de mayor democracia involucran a los ciudadanos en sus asuntos. Por eso, esta participación estaba recogida en las constituciones más liberales que ha tenido España (1812, 1837, 1869 y 1931). Se supone, pues, que el derecho al Tribunal del Jurado es una conquista de los ciudadanos y un síntoma de que las cosas marchan bien.
Esto tampoco significa que los ciudadanos podamos decidir sobre todas las cosas: el Tribunal del Jurado solo decide sobre los asuntos más sencillos y que requieran menos conocimiento judicial. Ahora bien, que el procedimiento sea sencillo no significa que sus consecuencias sean poca cosa. Y de ahí que, ahora mismo, nueve personas -cinco hombres y cuatro mujeres- estén encerradas en una sala de un juzgado de Santiago de Compostela, deliberando sobe la inocencia o la culpabilidad de Rosario Porto y de Alfonso Basterra en el caso Asunta.
Estas nueve personas estarán debatiendo un cuestionario con 21 puntos que ha redactado Jorge Cid Carballo, el juez que preside el jurado. Cada uno de los párrafos se someterá a votación y los integrantes del jurado decidirán si creen que los hechos están probados o no. En el caso de que los hechos recogidos en un párrafo sean contrarios a los acusados, se declararán probados si reciben al menos siete votos. Si los hechos son favorables a los acusados, bastarán cinco votos para declararse probados. Puede sonar a trabalenguas, pero los miembros del jurado dispondrán de tiempo para pensárselo: las deliberaciones no tienen un plazo límite. Hasta que lleguen a una solución, pasarán las noches en un hotel de Santiago. Aunque, según informa La Voz de Galicia, la reserva de hotel para el jurado, de momento, llega hasta este viernes.
No todo el mundo era elegible para este juicio porque la ley establece que hay que ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito. Pero la sensación de que cualquiera de nosotros puede ser seleccionado para un juicio del mismo estilo despierta especialmente nuestro interés. ¿Cómo reaccionaríamos ante una situación similar? ¿Qué estaría pasando por nuestra cabeza? Otro de los motivos que acrecienta el interés hacia las deliberaciones del jurado es su hermetismo. Según la ley, ninguno de sus participantes puede revelar lo que se hablado. En el caso Asunta, por ejemplo, el juez ha retirado el móvil a sus miembros y tampoco pueden hablar con sus familiares ni con terceros, a excepción de los funcionarios del juzgado, que podrán resolver sus dudas.
Frente a este hermetismo, la reproducción más fidedigna de lo que pasa en una deliberación se la debemos a Sidney Lumet, quien en 1957 rodó Doce hombres sin piedad. Esta ficción ha sido bien valorada por muchos estudiosos de los jurados populares, como demuestra el hecho de que, con motivo de su cincuenta aniversario, un grupo de expertos celebrase un simposio en el ITT Chicago-Kent College of Law para debatir sobre ella.
Para quien no la haya visto, la película cuenta el proceso de deliberación de los doce miembros de un jurado en un caso de asesinato. Al principio, parece que la cuestión va a ventilarse en un santiamén: la gran mayoría está convencida de la culpabilidad del acusado. Pero uno de los miembros del jurado expone sus dudas y la cosa empieza a cambiar. La película, lógicamente, está muy dramatizada. Pero el conflicto interno que atraviesan sus personajes no se aleja del que ahora estarán viviendo los miembros del jurado del caso Asunta, quienes tendrán que vencer algunas trampas psicológicas:
La persuasión. Por lo general se tiene la idea de que resulta mucho más fácil manipular a un jurado popular que a un magistrado profesional. Por eso las argumentaciones, de contenido más emocional, suelen tener más peso que las diligencias, más difíciles de comprender para el ciudadano de a pie. Eso lo saben los abogados, que se esmerarán en tocar su fibra sensible.
Las creencias personales. Como nos encargamos de demostrar continuamente los periodistas, la objetividad es imposible. Todos los seres tenemos unas creencias y al final se nos ve el plumero. Un caso muy claro: aunque sea de manera inconsciente, es muy probable que las personas que sean padres juzguen el caso Asunta de una manera diferente de quienes no lo sean.
La categorización social. ¿Quién no tiende a clasificar al resto de personas en función de características físicas, de su trabajo...? Una vez que clasificamos a alguien en un grupo de pertenencia le asignamos una serie de atributos. Por lo visto, Basterra y Porto habían formado parte de una clase social alta y eran conocidos en la sociedad gallega. ¿Serán juzgados con el mismo rasero por personas de clase alta y de clase baja?
La influencia de la mayoría. Cuando todos parecen estar de acuerdo y la mayoría impone una versión de las cosas, es normal sentirse cohibido a la hora de mostrar discrepancias. Además, en los juicios "el deseo de cumplir con la norma de obtener un veredicto aumenta la presión a conformarse con la opinión mayoritaria", asegura Pilar Albertín, profesora de Psicología Criminal de la Universitat de Girona.
La influencia de la minoría. Aunque parezca sorprendente, existe la posibilidad de que un grupo minoritario o una sola persona pueda cambiar el sentir de un grupo mayor. Esto es lo que ocurre precisamente en Doce hombres sin piedad. Aunque algunos estudios se encargan de recordarnos que es una cosa poco común. Según un libro que se llama The American Jury, en aquellos casos en los que primero se emite una votación, por si hay unanimidad, y, en caso de no haberla, empieza la deliberación, la posibilidad de que se cambie la opinión mayoritaria inicial es solo de un 10%. Quizás haya que ser Henry Fonda, como en Doce hombres sin piedad, para lograrlo.
La apariencia del acusado. Según reconoce Pilar Albertín, "numerosos estudios muestran que el atractivo del acusado y la semejanza de éste con los miembros del jurado son dos variables que resultan persuasivas". No es extraño que los abogados pidan a sus representados que se arreglen especialmente el día del juicio.
Los medios de comunicación. Las investigaciones han puesto de manifiesto que la publicidad que recibe un caso en los medios de comunicación influye mucho sobre el jurado. Son los llamados juicios paralelos y han tenido importancia en algunos casos resueltos con jurado popular, como por ejemplo el de Rocío Wanninkhof. En aquella ocasión, María Dolores Vázquez pasó 17 meses en prisión sin ser culpable del crimen.
Ahora mismo, en la mente de los miembros del jurado del caso Asunta la lucha contra estas trampas psicológicas debe estar en plena efervescencia. Porque de ellos depende el futuro de los acusados.
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