¿Quién está detrás de la cuenta de Twitter de Pastrana (@JosPatrana)? Desde el viernes pasado se debate en Twitter sobre su identidad. El usuario anónimo @esparroqui publicó entonces un hilo apuntando, con nombre y apellidos, a la persona que considera que está detrás del polémico tuitero conservador, contrario al independentismo. Asegura que el alcalde del PP de un pueblo de Teruel de menos de 200 habitantes es quien maneja la cuenta @JosPastr, que tiene más de 82.000 seguidores (y subiendo, según crece la polémica).
En el hilo, Esparroquí vincula información personal que Pastrana había ofrecido desde su cuenta de Twitter con los datos personales del político del que sospecha. Intenta demostrar que son la misma persona: ambos perfiles han publicado fotografías similares de las vistas de su casa, tienen fotografías del mismo avatar y de los mismos objetos personales.
Gabriel Rufián, quien mantiene habituales enfrentamientos en Twitter con Pastrana, insinuaba en un mensaje de 23 de enero que ya conocía la identidad de su enemigo virtual.
El día que se sepa quién eres nos vamos a reír, crack.
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 23 de enero de 2018
Verne ha intentado ponerse en contacto con el alcalde señalado, sin respuesta. El PP de Aragón ha remitido a la portavocía principal del partido, que ha declinado hacer declaraciones. Después de que Esparroquí publicara el hilo, el término “Pastrana” y la etiqueta #pastranagate se han convertido en trending topic nacional y mundial. El debate generó más de 100.000 menciones en Twitter en un día.
Además de la información personal del alcalde que aparece en el hilo, muchos tuiteros han resucitado algunos de los antiguos mensajes conflictivos de Jos Pastrana. Figuras públicas como Pablo Iglesias o Ana Pastor se han hecho eco de la noticia. Al retuitear la información de Esparroquí, han difundido el nombre del político del PP del que se sospecha como autor de estos mensajes. La cuenta personal del alcalde turolense aparece como suspendida.
La cuenta de Pastrana pasó a ser privada durante algunas horas del viernes. Después reabrió, contestando con varios mensajes a la polémica y negando la información del hilo:
Seguid buscando carnets del PP a ver los que encontráis, desocupados.
— Pastrana (@JosPastr) 26 de enero de 2018
Horas después otros tuiteros comenzaron a especular con la identidad de Esparroquí.
El debate del anonimato en redes
La supuesta revelación de la identidad de Pastrana ha generado un debate en Twitter sobre el doxing, la práctica digital de recopilar y publicar información privada de una persona. La polémica por el caso Pastrana añade otra variable: el tuitero, pese a opinar en un foro público, ha escogido mantenerse en el anonimato durante toda su trayectoria en esta red social.
Los perfiles anónimos con miles de seguidores son muy habituales en redes sociales, especialmente en Twitter. Bufete Almeida, especializado en derecho de internet, rescataba el viernes un hilo en el que defendía el derecho de los tuiteros a opinar desde el anonimato. El principal argumento de Bufete Almeida es que ya existen los mecanismos suficientes para obtener los datos de las personas que manejan las cuentas de manera anónima, en caso de que se cometa un delito.
"Que el anonimato no impide perseguir delitos en Twitter lo estamos viendo a diario. Los difusores de odio y discriminación caen rápido. Jueces y policía disponen de medios para identificar a ciberdelincuentes (...) Una norma administrativa que estableciese la obligatoriedad de identificación en redes sociales afectaría a la libertad de expresión", añade.
El 26 de diciembre de 2017, el PP presentó a la Mesa del Congreso una Proposición no de Ley sobre este tema. La propuesta, que aún no ha sido debatida, quiere "acabar definitivamente con la impunidad del anonimato en internet". Además, se propone "arbitrar medidas para que los proveedores de servicio en internet requieran la identificación de los usuarios mediante su identidad administrativa real".
👩🏼💻👨🏻💻Queremos defender la protección de los usuarios en #Internet
— GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 26 de diciembre de 2017
✅Presentamos una iniciativa para proteger la identidad digital de las personas e impedir la impunidad en Internet
📌 https://t.co/NC8l2AmRzf pic.twitter.com/nscCeUHJ1F
Si esta medida fuese aprobada, Twitter tendría los datos reales de todos sus usuarios. Ahora pide el nombre, pero "puede utilizar su nombre real o un seudónimo", según explica la red social en su Política de Privacidad. La propuesta del PP es que Twitter, y el resto de proveedores de servicios de internet, tenga los datos reales de sus usuarios ante "posibles delitos".
¿Se puede sacar del anonimato a un tuitero sin su consentimiento?
Si Pastrana (como otros tuiteros) ha decidido opinar desde el anonimato y, según explica Almeida, es un derecho, ¿es delito publicar su verdadera identidad? No necesariamente. En este debate entran en conflicto dos derechos: el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Carlos Sánchez Almeida no ve delito en publicar quién está detrás de un seudónimo o una identidad secreta si el hecho "tiene relevancia, es veraz y hay interés del público", dice a Verne por teléfono. Primaría, en su opinión y en este caso, el derecho a la información. Esparroquí, aunque no sea periodista, puede acogerse a él como cualquier otro ciudadano, dice Almeida.
Si esa información expuesta no se considera de interés público, podría considerarse revelación de secretos. Está tipificado por el Código Penal, pero recoge casos muy concretos: Haberse apoderado de mensajes, cartas, haber interceptado información por medios ilícitos…", enumera Almeida. Llegado el caso, sería decisión de un juez determinar qué derecho prevalece.
Samuel Parra, experto en protección de datos, explica a Verne que los actos de Esparroquí "no serían delito porque no es una conducta tipificada en el Código Penal". Aunque podría suponer una infracción de la Ley de Protección de Datos, porque publica información personal (su dirección, teléfono, etc). Sobre el papel, la multa por dicha infracción oscila entre los 40.000 y los 300.000 euros, apunta Parra, que también advierte que no suelen darse esas cantidades.
Desvelar la identidad de un tuitero anónimo no tiene por qué ser delito. Pero sí lo es si alienta un linchamiento. "Podría ser delito si, como consecuencia de la revelación de identidad, hubiera consecuencias como amenazas físicas o pintadas en su vivienda. Se podría establecer un nexo causal entre la situación de peligro generada y la revelación de identidad", explica Parra. Es decir, si un tuitero anónimo es hostigado - e incluso agredido - después de que se difunda su verdadera identidad, sí podría ser un delito.
Algo que no sería nuevo. Como ya hemos visto en otras ocasiones, un buen cúmulo de pruebas no es suficiente y al final se puede apuntar públicamente a la persona errónea. Ocurrió por ejemplo tras las marchas racistas en Charlotesville (Estados Unidos). Un ingeniero de Arkansas fue acusado por error de ser uno de los violentos manifestantes. Publicaron sus imágenes y datos personales y solicitaron que perdiera su trabajo, mientras que sus perfiles personales se llenaban de mensajes hostiles.
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