Tor Sigurd Bransdal, un noruego de 46 años, no sabe si es una víctima o un delincuente. Hace 20 años abrió su taller de coches en el pueblo de Vågsbyg, en el sur del país, y desde hace un tiempo su negocio ha sido asaltado en sucesivas ocasiones. En una de ellas, le llegaron a robar un andamio por valor de 50.000 coronas (algo más de 5.000 euros). Lo denunció a la policía de distrito. Hasta aquí, todo normal. Pero la historia ha tenido un final inesperado: es el propio Bransdal el que tiene que pagar una multa de 75.000 coronas (casi 8.000 euros).
Según relató al periódico local Fædrelandsvennen, el primero en dar a conocer los hechos, el dueño del taller, harto de que la policía no hiciera nada por resolver su caso, decidió tomarse la justicia por su cuenta, en concreto en la de Facebook. Instaló unas cámaras en su taller para identificar a los ladrones y, en lugar de ir a la policía con las imágenes, colgó en mayo las fotos en esa red social en busca de colaboración ciudadana.
Las consecuencias de esa acción desesperada no solo fueron likes. Lo que muchos pudieron celebrar como una reacción de impotencia en busca de justicia, se convirtió en un acto punible en derechos de honor y privacidad. La maquinaria de Datatilsynet, la Autoridad Noruega de Protección de Datos, detectó lo que tipifica como digno de sanción: imputar un supuesto delito que todavía no ha sido condenado por un juez y hacer publicidad en las redes sociales. Daba igual que no se haya identificado a los ladrones, porque la ley considera que se está lesionando la imagen de quienes aparecen. Datatilsynet actuó de oficio, y Bransdal debe pagar la multa al Estado.
La noticia, que saltó de las redes a los medios de comunicación nacionales esta semana, ha despertado la indignación en Noruega, donde ahora consideran al dueño del taller una doble víctima, tanto por el robo y la desidia de las autoridades como por la multa. “No me arrepiento de lo que he hecho. Sabía que estaba al borde de la ley y que sin duda recibiría una multa de unos pocos miles de coronas, pero no podía imaginar que llegara a ser lo que ha sido”, confiesa Bransdal a Verne. Aunque ha recurrido la sanción, tendrá que abonar la multa.
“Estoy feliz, en mi nombre y en el de todos los demás en este país, de que el caso haya llegado al primer nivel de la atención pública. Espero que sirva para que las cosas cambien, de modo que cualquiera en esa situación vaya a la policía con las fotos y que se hagan cargo de la investigación como realmente debe ser”, dice Bransdal.
En declaraciones al Dagsrevyen de NRK, el telediario de la cadena pública noruega, el director de la agencia de protección de datos, Bjørn Erik Thon, reconocía comprender la reacción del ciudadano Bransdal -como también ha declarado el ministro de Justicia del país, Per-Willy Amundsen- y ha invitado a seguir el cauce legal en situaciones similares. “Si hay un mal, debe ser la policía y los tribunales quienes investiguen y juzguen el castigo”, sostuvo Thon.
Preguntado por la elevada cuantía de la sanción, el responsable de Datatilsynet recordaba que la multa máxima puede llegar a las 930.000 coronas (97.500 euros), aunque las sanciones podrían incrementar hasta el 4% de su valor a partir de mayo de 2018 con la implantación de las nuevas regulaciones europeas en materia de protección de datos. Similares al robo del taller, la agencia de protección de datos de Noruega trabaja en otros once casos y ha habido setenta consultas en lo que va de año por haber sufrido algún tipo de publicación en Internet. “Pero esto es solo la punta del iceberg. Tenemos la impresión de que es mucho más común”, aseguró Thon.
¿Y en España?
No son muchos pero sí hay algunos casos similares a los de Bransdal en nuestro país. Uno fue el de la calle Montera de Madrid, cuya asociación vecinal fue sancionada con 600 euros de multa por colgar vídeos en YouTube de la prostitución de la zona. También hubo sanciones de 3.000 euros por publicar fotos de una mujer sin su consentimiento en la cuenta de Facebook de un negocio de vestidos de novia o colgar imágenes de un entrenador con niños de su equipo en un anuncio de contactos.
“Es fundamental en estos casos actuar con calma. Los particulares podemos captar imágenes en nuestros negocios o casas de quienes nos roban siempre que cumplamos con las normas (ley de Seguridad Privada y LOPD). Y si obtenemos las imágenes debemos hacer lo correcto: denunciar y facilitarlas a la policía o el juez. Publicarlas en una web no ayuda en nada y puede causar daños. Si las imágenes no son nítidas y quién las ve en una red social cree identificar a alguien que en realidad no está allí, estaríamos lesionando el honor de esa persona que se confunde”, explica a Verne Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia.
Sobre la instalación de cámaras, la Agencia Española de Protección (AEPD) proporciona a Verne algunos datos de la normativa:
- Si están en espacios privados, no pueden obtener imágenes de espacios públicos, salvo si las imágenes son parciales y limitadas de vías públicas cuando sea imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende o resulte imposible evitarlo por su ubicación. Además, la relación entre la finalidad y el modo de tratar lo datos debe ser proporcional, por lo que su uso solo se admite cuando no exista un medio menos invasivo.
- Aquellos que quieran grabar y conservar las imágenes tienen que notificarlo a la Agencia y también hay que informar de la presencia de cámara mediante carteles informativos, al menos, en los accesos de las zonas vigiladas. Los responsables tienen que garantizar la seguridad de las imágenes y eliminarlas en el plazo de un mes después de ser capturadas.
Volvamos a Noruega. De los ladrones no se ha sabido nada. El debate entre lo que unos defienden como libertad de expresión y otros como vulneración del derecho al honor y la propia imagen está servido. Bransdal, el dueño del taller, ya ha hecho “el trabajo por su parte”, dice a Verne: “Ahora me tomo unas merecidas vacaciones, y espero que nadie me robe durante mi ausencia”.
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