El juzgado de Violencia sobre la Mujer de la Audiencia de Pontevedra todavía no ha podido dar con el paradero del teléfono móvil de Ana María Enjamio, acuchillada en Vigo en diciembre de 2016. El aparato supone una prueba fundamental en el caso de la ingeniera de 25 años, asesinada supuestamente por el que había sido su jefe y pareja sentimental. Pero se necesita la colaboración de Google y de la justicia estadounidense para lograrlo.
Cuando va a cumplirse un año del crimen, el paradero del teléfono sigue siendo una incógnita porque el departamento de justicia de Estados Unidos no ha contestado a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado. En ellas se solicita que requiera a Google el desbloqueo de los datos que permitan averiguar dónde está el móvil de la víctima. Se sospecha que el presunto homicida ocultó el apararo tras el asesinato. También se pide que facilite el tráfico de llamadas y mensajes que hubo entre ambos terminales.
El juzgado gallego no tiene constancia de que Google se haya negado a facilitar los datos solicitados. De quien no ha recibido respuesta es de la justicia estadounidense, debido "a la restrictiva ley de protección de datos del país", aseguraba este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El Gobierno estadounidense lleva tiempo enfrentándose a los gigantes tecnológicos por asuntos similares. El año pasado, Apple se negó a una petición parecida, cuando se investigaba al autor del tiroteo en San Bernardino (California) de diciembre de 2015. La compañía alegaba que, de acceder a esta demanda, ponía en riesgo la privacidad de todos sus dispositivos. El FBI tuvo que pagar más de 1 millón de dólares a un grupo de hackers profesionales para que le ayudasen a acceder, en este caso, al teléfono del sospechoso y no de la víctima. Lo mismo ocurrió en la investigación del tiroteo de Texas del pasado verano.
Un proceso largo y difícil
Cada solicitud enviada por el juzgado de Vigo solo se ha contestado con una petición de información ampliatoria por parte las autoridades judiciales norteamericanas. Un escollo que ha impedido que la investigación avance, según fuentes judiciales, por lo que, hasta ahora, han resultado insuficientes los argumentos esgrimidos por la jueza instructora para obtener una información que está bajo la custodia de la multinacional tecnológica que opera bajo la restrictiva ley de protección de datos de Estados Unidos.
En el supuesto de que estas comisiones rogatorias no den resultados, el juzgado tiene previsto abrir otras vías de investigación. Busca obtener información sobre los programas gratuitos de telefonía que tenían ambos móviles, y que están gestionados por Google, y, sobre todo, evitar el borrado de los datos por parte de la compañía que pretenden servir de prueba documental en el juicio.
Rastro telefónico
El cadáver de Ana María Enjamio, fue hallado la madrugada del sábado 17 de diciembre de 2016 en el portal del edificio donde la joven compartía piso con dos amigas. Tenía, según los informes forenses, más de veinte incisiones hechas con ensañamiento. El arma era un cuchillo, que tampoco se ha podido recuperar.
La geolocalización
La chica regresaba de una cena de Navidad donde había estado con el único sospechoso del crimen, César Adrio, de 39 años, en prisión desde su detención al día siguiente del asesinato, y otros amigos y compañeros de la empresa de componentes de automoción donde trabajaba.
Desde el principio de la investigación ya se ha sabido a través de la triangulación y geolocalización de ambos terminales que el presunto homicida estuvo en el lugar del crimen, y también se conoce el recorrido del teléfono de la chica a través de los operadores de telefonía.
Después del ataque, el presunto agresor también se deshizo de la ropa que llevaba esa noche y la policía tampoco ha podido recuperarla. César Adrio se acababa de separar de la madre de sus dos hijos cuando inició una relación con Ana Enjamio, que duró poco tiempo cuando ella decidió romperla. Una ruptura que se supone fue el móvil del asesinato.
Colaboración obligada
El abogado de Abanlex, David Maeztu, que le ha tocado lidiar con comisiones rogatorias, pone el acento en que, normalmente, suelen ser trámites muy tediosos porque solicitan que los oficios se hagan en inglés, y piden muchos datos adicionales que añaden más retrasos a la investigación.
Maeztu cree que con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 2015, se contemplan de manera expresa una serie de obligaciones de colaboración para las empresas que operan en territorio español para permitir el acceso a equipos y dispositivos informáticos mediante una orden judicial.
“Entiendo que esta obligación es aplicable a los prestadores de servicios que tengan sedes en España o que presten servicios dirigidos al público español, aunque se consideren empresas estadounidenses”, subraya Maeztu. “Una aplicación firme de estos criterios mejoraría las investigaciones judiciales así como los tiempos de resolución de los delitos en los que, cada vez con más frecuencia, se da algún elemento tecnológico", añade.
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