Las dudas más frecuentes sobre el alquiler que resuelven los sindicatos de inquilinos

Preguntamos a los de Madrid y Barcelona cuáles son las consultas más repetidas y cómo las resuelven

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Fachada de Argumosa 11, donde el Sindicato de Inquilinos de Madrid ha paralizado hasta cuatro órdenes de desahucio a una misma vecina. EL PAÍS

Puede sonar raro que personas sin vínculos laborales se agrupen en un sindicato. Pero los sindicatos de inquilinos e inquilinas lo han hecho: estas plataformas –que no son sindicatos desde el punto de vista jurídico, sino asociaciones– llegaron a España en mayo de 2017, y ya eran un fenómeno en decenas de países. La International Union Of Tenants, que actualmente agrupa a 69 organizaciones de este tipo en 45 países, se fundó en el año 1926. Y el sindicato de inquilinos de Suecia contaba en 2016 con 580.000 afiliados, lo que le concedía un notable peso político.

En España, pese a que no hubiese iniciativas como esta hasta ahora, sí ha habido históricamente movimientos en defensa de los derechos de los inquilinos. Precisamente, el manifiesto de fundación del Sindicat de Llogateres de Barcelona hace referencia a una huelga de alquileres en 1931, durante la que muchos inquilinos dejaron de pagar los propietarios y que se saldó con una dura represión.

Estas iniciativas no desembarcaron en España hasta mayo de 2017, cuando diversos colectivos vecinales fundaron los sindicatos de Barcelona y Madrid. “Hay millones de inquilinos en España que, hasta entonces, no tenían un colectivo al que adherirse y que luchara por sus derechos”, cuenta a Verne Jaime Palomera, uno de los portavoces de la plataforma barcelonesa. Entre los objetivos de este, se encuentran los de organizar las demandas de los inquilinos, denunciar las situaciones abusivas ante las administraciones y los propietarios, así como prestar asesoramiento técnico y jurídico a las personas que lo necesiten.

¿Y en qué asesoran y apoyan estos sindicatos? Hemos preguntado por cuáles son los motivos de consulta más frecuentes y cómo tratan de solucionarlos:

Subidas abusivas de alquiler

“Te sorprendería la cantidad de gente que llega a nuestro local con un burofax en la mano, avisando de que o pagan cantidades desorbitadas o tienen que dejar las llaves”, afirma Jaime Palomera. La subida abusiva de los alquileres es, según el portavoz del Sindicat de Llogateres, la causa más frecuente de consulta. Estos son los pasos que suelen seguir en estos casos:

  1. Recomendar al inquilino que investigue en el registro quién es el propietario de su vivienda. “No imaginas la cantidad de inquilinos que no saben que su arrendador es realmente el propietario de todo su bloque de viviendas o una empresa que gestiona varios bloques”, cuenta Palomera. “Esto permite organizarse con los vecinos, ya que si todos tienen el mismo propietario es mucho más fácil negociar”.
  2. Enviar una carta amistosa. El primer paso es enviar una carta amistosa mostrándose disconforme con la decisión del propietario. “Muchas veces el propietario logra salirse con la suya solo porque nadie ha mostrado disconformidad con su decisión”, cuenta Palomera.
  3. En caso de negativa, comenzar las negociaciones como sindicato. Primero, a través de una carta en la que explican al propietario que representan a su inquilino y que quieren hacer una negociación amistosa. Si la respuesta a esta es una negativa –o el silencio–, “nos personamos en sus locales u oficinas para intentar negociar en persona”.
  4. Seguir pagando. “Durante la negociación siempre intentamos dejar claro que no es que el inquilino no quiera pagar, sino que no puede admitir una subida abusiva”, explica Palomera. Incluso cuando el contrato haya finalizado, el sindicato recomienda seguir pagando (lo que se pagaba hasta la fecha). “Así, además de mostrar el compromiso del inquilino, evitamos que el propietario alegue que hay impagos”.
  5. Si hay una nueva negativa a las negociaciones, pasar a la acción: si el propietario se niega a negociar, el sindicato pasa a manifestarse (“siempre de forma pacífica”, insiste Palomera) para presionar e intentar que el propietario ceda.

No renovación del contrato

Son los casos en los que un arrendador, sin motivo aparente, decide no renovar el contrato a un inquilino. Los pasos a seguir son los mismos que en el caso de las subidas abusivas: comprobar quién es el propietario del inmueble, intentar una negociación amistosa, no dejar de pagar aunque el contrato haya terminado... Palomera, sin embargo, reconoce que estos casos son más complicados. “Los propietarios suelen ser más duros si ya tienen un plan para la vivienda que implique que debe quedar vacía”, cuenta. “Además, si el motivo de la no renovación es que el propietario necesita la vivienda para vivir en ella, no intervendríamos. Eso es totalmente legítimo”.

Tanto en casos de subida de alquiler como de desahucio, los catalanes pueden, además, jugar una bola extra: la denuncia por acoso inmobiliario. Según la Ley del Acceso a la Vivienda, vigente desde 2007 en Cataluña, se considera acoso inmobiliario a toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona asediada en el uso pacífico de su vivienda. Esto, explica Palomera, puede aplicarse, por ejemplo, a mensajes del propietario pidiendo el abandono de la vivienda antes del cese del contrato o la falta de mantenimiento del inmueble. “Es una forma de terminar con la impunidad de los caseros, y también una medida de presión”.

La devolución (o no) de la fianza

Aunque la devolución de la fianza es obligatoria –salvo que el inquilino haya provocado desperfectos en el piso–, seguro que has escuchado historias de propietarios que se resisten a devolverla o que hacen todo lo posible por retrasar al máximo la devolución. Esta consulta, según cuenta Marta Montero, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, es “de las más frecuentes, y también de las más fáciles de solucionar ya que, en este caso, la ley protege al inquilino: es obligatorio que la fianza se devuelva en menos de un mes y, si no, podemos proceder a exigirla con intereses por la demora”.

En el caso de que el propietario considere que ha habido desperfectos y que no va a devolver parte –o la totalidad– de la fianza, también puede haber irregularidades. “La parte que se quita de la fianza tiene que estar avalada por facturas de todo lo que haya sufrido desperfectos”, cuenta Montero. “Si no, también podemos reclamar”.

La LAU y la burbuja, germen de los sindicatos

En el manifiesto de fundación del sindicato de Barcelona, el mismo que hablaba de la huelga de 1931, también se ofrecían unos datos que ayudaban a entender la necesidad de una organización así: el 83% de los desahucios en Barcelona en 2015 se habían producido por impago del alquiler, y el precio medio de los pisos en Barcelona era de 801 euros, mientras que uno de cada tres trabajadores cobraba menos de 843 euros. El manifiesto fundacional del sindicato madrileño también ofrecía datos alarmantes: en los doce meses anteriores a su fundación, el precio del alquiler había subido casi un 15% en Madrid y un 18% en el conjunto de la comunidad autónoma.

El nacimiento del sindicato madrileño, además, está vinculado a la caducidad de los contratos anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Aprobada en 2013, esta Ley pretendía hacer más flexible la duración de los contratos de alquiler, que pasó de cinco a tres años. Los inquilinos con contratos antiguos, tras un lustro pagando la misma renta, “comenzaron a sufrir en 2017 subidas abusivas, y vimos que era necesario organizarnos para luchar contra esos abusos”, cuenta a Verne Marta Montero, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En la actualidad el sindicato de Barcelona cuenta con 1.705 afiliados, según Palomera. La cuota básica individual en el sindicato barcelonés es de 50 euros anuales, con una cuota de 18 euros para personas con dificultades económicas. También existe una cuota de 100 euros para colectivos. En Madrid el sistema de afiliación todavía no se ha puesto en marcha (se prevé que lo haga en los próximos meses), según cuenta Montero, de modo que no hay cuotas por el momento. En cualquier caso, “asesoramiento y apoyo va a seguir teniendo cualquier persona, sea afiliada o no”, explica Montero. En Barcelona, sin embargo, los servicios son solo para los afiliados.

Un año después de la fundación de los sindicatos en Barcelona y Madrid, la iniciativa también llegó a Málaga, Zaragoza y más de media docena de localidades catalanas.

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