El perfil real del okupa que no aparece en los debates: familias en pisos propiedad de bancos

En muchos casos, la ocupación ilegal de viviendas es la última alternativa de personas desahuciadas

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En el número 11 de la calle Argumosa de Madrid convivían propietarios, inquilinos de renta antigua, morosos y vecinos que se negaban a pagar
En el número 11 de la calle Argumosa de Madrid convivían propietarios, inquilinos de renta antigua, morosos y vecinos que se negaban a pagar.

A juzgar por las declaraciones de algunos políticos, uno no puede bajar a comprar el pan sin arriesgarse a que le ocupen el piso. Por ejemplo, en el debate del 22 de abril, Albert Rivera dijo que “cualquier ciudadano que tenga una vivienda debe tener la tranquilidad de poder irse de vacaciones o salir por la noche sin temor a que se la ocupen".

Más recientemente, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, hizo declaraciones parecidas: "Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas". Además de las declaraciones políticas, los anuncios en televisión y radio de empresas como Securitas Direct hacen referencia a este supuesto peligro.

A pesar de estas declaraciones alarmistas, la situación es diferente a la que podría deducirse de este escenario: las fuentes consultadas apuntan a que en su mayor parte se ocupan pisos vacíos propiedad de bancos y sociedades. También se ocupan pisos propiedad de particulares, pero son una minoría. Y si hablamos de primeras residencias, los casos son excepcionales y por vía judicial y policial se pueden solucionar en 24 horas.

100.000 viviendas ocupadas en España

El Institut Cerdà elaboró en 2017 un estudio (pdf) en el que se estimaba que había 87.000 familias ocupando viviendas ocupadas en España. Esta fundación privada dedicada a análisis de mercado y asesoramiento eleva ahora la cifra a 100.000, según detalla a Verne. Se ocupan “principalmente pisos vacíos pertenecientes a entidades bancarias o fondos de inversión, y pertenecientes a parques públicos de alquiler”, explica Miguel Hernández, director de Sostenibilidad de la entidad y responsable del estudio.

Se trata de una cifra similar a la que nos da la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: 90.000. “Unas 80.000 son de bancos y fondos buitre, que tienen viviendas vacías para especular”, explica Juanjo Ramón, portavoz de la asociación.

Aparte de estas estimaciones, resulta difícil saber el número exacto de viviendas ocupadas, aunque las cifras oficiales sí confirman que el dato ha crecido en los últimos años: según el Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación en 2013 fueron 7.739 y en 2017, el último año con datos disponibles, llegaron a 10.619.

La delegación del Gobierno en Madrid abrió una oficina de la vivienda ocupada y dispone de información más precisa, pero solo para la comunidad. Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, había 4.717 viviendas ocupadas en noviembre del año pasado. La cifra es un 20 % superior a la de 2017, cuando la Delegación la desglosó aún más: la mayor parte de estas viviendas son propiedad de entidades bancarias (1.345), sociedades públicas (1.253) y sociedades mercantiles (709). Las viviendas ocupadas de particulares eran 621 (cerca de un 16 %). En la comunidad hay en total unos 2,9 millones de viviendas; es decir, según esas cifras, un 0,14 % están ocupadas (y las ocupadas que son propiedad de particulares son un 0,02 % del total).

Las ocupaciones de pisos particulares son minoritarias

Se ocupan más pisos de bancos y los pisos de particulares que se usurpan son por lo general viviendas que están vacías, como explica el magistrado de Barcelona Francisco González Maíllo, en cuyo juzgado se atienden denuncias en la ciudad, incluidas las que son por este delito. Las ocupaciones de primeras residencias “se dan solo excepcionalmente” y en estos casos no se habla de un delito de usurpación, sino de “allanamiento de morada”, que puede quedar resuelto en 24 horas.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que las ocupaciones de viviendas de particulares “son cifras muy ridículas” en comparación con la ocupación de viviendas de bancos y sociedades. “Se está poniendo de moda criminalizar y estigmatizar a las familias, que en la mayoría de los casos no son culpables, sino víctimas”.

Securitas Direct hace publicidad de alarmas destinada a propietarios de viviendas. En algunos de sus anuncios, se escenifica la preocupación de estas personas ante la posibilidad de que alguien les entre en su casa para quedarse. Estos anuncios han llevado a comentarios en Twitter que se preguntan si el alarmismo está justificado.

Desde Securitas Direct explican a Verne que hace cuatro años el tema no salía en las encuestas que hacen a sus clientes y posibles clientes, pero ya lo mencionaba un 10 % en 2018, cuando la empresa decidió dedicar anuncios específicos a este tema. Sin embargo, gran parte de sus alarmas orientadas a prevenir las ocupaciones se instalan en los pisos vacíos propiedad de La Caixa, entidad con la que la empresa de seguridad tiene un acuerdo.

Calle vacía en Yebes (Guadalajara). La mayor parte de las 250 casas construidas en esta promoción no se han vendido. Ullstein Bild / Getty Images

Los okupas: familias en situación vulnerable

De nuevo, la falta de datos globales hace muy difícil elaborar un perfil preciso del okupa, pero el director de Sostenibilidad del Institut Cerdà apunta que en la actualidad, la mayor parte “son personas vulnerables y no problemáticas, a las que desde la administración y la sociedad no se le ha dado una alternativa a su situación”.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, asegura que “las familias vulnerables suponen el 90 % de las ocupaciones”. En los últimos años, además, muchos desahucios vienen no de la compra, sino de los alquileres. Según datos de la PAH, de los 180 desahucios diarios, un 65 % ya son por impago del alquiler y no de hipoteca. En Madrid la cifra fue del 80 % en 2018, según el Consejo General del Poder Judicial.

González Maíllo coincide en que el perfil del okupa “ha cambiado. Hace años era una acción reivindicativa”, que actualmente es minoritaria. “Ahora es más social. Son personas que muchas veces no pueden acceder a la vivienda”. Por su experiencia se trata de familias jóvenes en precario, sin trabajo o con sueldos muy bajos. El informe del Institut Cerdà apunta que los hogares sin ingresos se incrementaron en un 66 % entre 2007 y 2016, y que también ha crecido el parque de viviendas vacías.

El informe del Institut Cerdà asegura que las ocupaciones conflictivas son minoritarias: las agencias de vivienda social de Madrid y Cataluña dejaban la cifra por debajo del 15 %, aunque algunos de los ayuntamientos consultados la elevaban al 35 %. González Maíllo apunta que en algunos casos son los vecinos quienes denuncian la ocupación y no los propietarios, a menudo porque pinchan la luz de la comunidad.

Un problema económico y no legal

En la mayor parte de los casos, estas familias no ocupan porque quieran, “sino porque no les ha quedado más alternativa”, explica Hernández, del Institut Cerdà, “y cuando se les ofrece una opción suelen adherirse”. En esto también está de acuerdo González Maíllo, que explica que es habitual que el juzgado intente mediar y pregunte al propietario del piso si accedería a un alquiler social, cosa que se acuerda en algunas ocasiones. Este alquiler social se estima en una tercera parte de los ingresos de los ocupantes.

Ramón recuerda que la PAH considera que la ocupación ilegal de una vivienda solo debería ser una herramienta para intentar negociar un alquiler de este tipo con la entidad propietaria. El problema, denuncian, viene cuando estos contratos finalizan y la entidad propietaria del banco sube el alquiler hasta niveles de mercado, con lo que en la mayoría de las ocasiones, la familia se encuentra de nuevo en una situación complicada.

Es decir, según el Institut Cerdà, la ocupación es un problema económico y de vivienda, no tanto legal. Por mucho que se cambie la legislación, seguirá existiendo este problema si sigue siendo difícil acceder una vivienda: “A medio plazo resultaría necesario ampliar el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniéndonos a los niveles existentes en otros países europeos”. De nuevo, Maíllo está de acuerdo: se trata “de un fenómeno que tiene que ver con la economía y con la carencia de vivienda social accesible”.

¿De verdad es tan difícil echar a un okupa de tu casa?

Aunque los casos de ocupaciones de viviendas de particulares son minoritarios (sobre todo los de primeras viviendas), no se puede negar que existen. Para estos casos, el Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.

Si los ocupantes no pueden justificar que están legalmente en la vivienda (o no contestan en un plazo de cinco días), el tribunal ordenará su salida en 20 días. Es decir, en un mes se puede recuperar la vivienda, aunque en el caso de algunos juzgados de primera instancia el proceso puede alargarse a entre tres y cinco meses, dependiendo de su carga de trabajo y lo que tarde en admitirse a trámite la demanda. Este artículo publicado en EL PAÍS en febrero de este año recoge más información sobre los primeros meses de la entrada en vigor de la ley.

Recordemos que si se trata de la residencia habitual, estamos hablando de un delito de allanamiento de morada y no de usurpación, que puede resolverse en 24 horas, según explica a Verne el magistrado de Barcelona Francisco González Maíllo.

Los bancos y las sociedades privadas deben acudir a la vía penal, explica también Maíllo. Los tribunales pueden aplicar el desalojo cautelar de la vivienda si los ocupantes no pueden acreditar que no están usurpando el inmueble (con un contrato de alquiler, por ejemplo). Si aceptan este desalojo, el proceso puede durar en torno a un mes. Los trámites pueden alargarse si se llega a juicio o si en la vivienda hay menores, ya que en estos casos se busca una solución a través de Servicios Sociales. Ocupar una vivienda es un delito leve penado con hasta seis meses de multa.

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