El sábado 28 de enero se disputó el típico partido entre chavales de entre 10 y 12 años en Zaragoza que terminó de una forma poco común. Los padres de dos jugadores del Segunda Alevín del Atlético Ranillas, que jugaba contra el Helios A, insultaron al árbitro, Mamadou Sow, con improperios racistas desde el minuto tres del partido. Uno de ellos intentó agredirle al finalizar el encuentro, como relata él mismo a Verne. Los dos aficionados acabaron en el calabozo y el juzgado de instrucción número 11 de la capital aragonesa les ha imputado por un presunto delito de odio contemplado en el Código Penal.
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y promotor del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia en el Deporte, celebra que este caso sea juzgado como un delito, porque no es lo habitual. "Este ejemplo es un aviso a navegantes. Hasta ahora estábamos acostumbrados a procesos administrativos, pero si se educa en que esto es suficientemente serio y se avisa de que puede ser punible penalmente, se contribuye a desactivar conductas que son delictivas".
"No hay un movimento social y de rechazo, pero con casos como este colegiado, igual podemos abrir la puerta a cortar estos actos", dice Paco Ramo, presidente del Comité Aragonés de Árbitros. "El colectivo arbitral está acostumbrado, pero hay un límite y empezamos a estar cansados".
El juzgado abrió el caso de oficio, pero Sow, de 20 años, presentará también una denuncia particular. Aunque hubo dos detenidos, uno de los dos le insultó con mayor intensidad y fue el que, al final del partido, fue hacia él para golpearle. Según cuenta el colegiado, otros padres se pusieron en medio y lo impidieron. La policía fue al campo en el descanso para intervenir, y tomó los datos de los aficionados. Sow no quiso suspender el partido por los niños, pero después de un momento de calma tras la visita policial, volvieron a las andadas. Cuando los agentes volvieron al campo decidieron llevárselos con ellos. El domingo fueron puestos en libertad con cargos, según El Heraldo de Aragón.
El presidente de los árbitros aragoneses agradece la actitud del club, -el coordinador de la entidad, Kiko Torra, ha asegurado al Heraldo que los progenitores han sido expulsados-, y se alegra de que el caso esté teniendo repercusión. Además de la imputación penal, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido prohibir a los acusados el acceso a cualquier instalación deportiva municipal y se les aplicará una multa de entre 1.000 y 3.000 euros. "En Aragón, la Policía acude en cuanto les llamamos", dice Ramo, que destaca sin embargo que "hasta ahora solo se había intervenido en caso de agresiones, que es cuando suele haber denuncias". Que él recuerde, no se habían producido detenciones por insultos "salvo en el caso de una colegiada femenina que recibió también menosprecio".
El racismo en el fútbol
Begoña Blázquez, coordinadora de la comisión jurídica de SOS Racismo, cree que la xenofobia que se ve en el fútbol es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero lo que ocurre en los estadios es mucho más visible. "Solemos recibir consultas de este tipo en todos los ámbitos: en comunidades de vecinos, en el trabajo, en la calle. Pero como de alguna manera un partido de fútbol es una congregación social, suele haber más voces".
Además de los casos más recordados, como el de Samuel Eto'o, que cansado de ser insultado, abandonó el campo del Zaragoza en medio de un partido, o el de Dani Alves, al que lanzaron un plátano desde la grada, en el fútbol más modesto también ocurre. Carlos Sánchez, un jugador de regional en Galicia, lleva media vida aguantando que le digan "mono" y “negro de mierda” y a principios de este año estuvo a punto de dejarlo, ya cansado.
"En el mundo del fútbol ha habido mucha impunidad, con situaciones muy crueles. Todos los mensajes de firmeza hay que valorarlos", dice Ibarra, impulsor como miembro del Observatorio de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prevé también sanciones administrativas como expulsiones de los campos, multas, etc. Que el caso de Sow se examine con el código penal en la mano le parece muy positivo, porque la posibilidad de que al que insulta y amenaza le caigan entre uno y tres años de cárcel "logra un efecto disuasorio".
El incidente de Zaragoza tiene dos aspectos positivos para Ibarra: "Da seguridad a la víctima, que se siente protegida por el Estado de Derecho, y a los agresores les envía el mensaje de que la convivencia tiene una reglas y no todo vale".
Para el presidente del Movimiento contra la Intolerancia el mensaje que deja este caso es especialmente relevante en un momento en el que "hay un crecimiento generalizado del discurso del odio". En el sector del deporte este tipo de insultos y vejaciones "las vemos en redes sociales contra futbolistas y árbitros constantemente" y se produce "no miedo, pero sí un amedrentamiento de la víctima". Por eso es importante, insiste, recordar a los agresores que "tenemos un código penal y estamos dispuestos a usarlo".
Sow tiene claro que hay que denunciar. "No solo por mí, sino por los demás árbitros", dice. Del comportamiento de los padres hubo varios afectados, según su opinión: "Los hijos, que imitan a sus padres y así aprenderán mal; yo, como árbitro, porque me ha hecho mucho daño; y cualquier niño que pueda soñar con ser árbitro, porque al ver ese tipo de comportamiento tendrá miedo".
La UEFA y la Liga hacen campañas contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y otros tipos de discriminación que a Ibarra le parecen muy positivas. Pero ver a la justicia y las fuerzas de seguridad implicadas permite a las víctimas recuperar la confianza institucional, según el experto.
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