Los sismos magnitud 8,2 y 7,1 que sacudieron el centro del país el 7 y 19 de septiembre, respectivamente, dejaron a muchos mexicanos sin hogar o con sus hogares severamente dañados. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del país, 121.701 viviendas resultaron afectadas, ya sea con daños estructurales o pérdida total.
Ante el reto de reconstrucción en varios estados, el presidente Enrique Peña Nieto propuso un método a las familias para la restauración de las viviendas. “Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan y deciden entre todos construir una primera casa, y se sortea y luego la que sigue y la que sigue", dijo el mandatario en un recorrido en una localidad de Chiapas. "Creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas”.
Una tanda es un mecanismo de ahorro informal, a través del cual la gente se organiza para ahorrar de forma colectiva una cantidad fija con un determinado número de personas y durante un tiempo específico. A los participantes se les asigna un número que determina el orden en el que recibirán el dinero. La persona que lo organiza recoge la aportación de cada integrante y entrega la cantidad ahorrada por todos a quien le toca, de acuerdo con ese número que le fue asignado previamente.
En el país, 32% de la población hace uso de este recurso, sobre todo cuando no tiene acceso a crédito bancario formal, según indica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Para especialistas del sector inmobiliario consultados por Verne, la propuesta del presidente, aunque es bien intencionada, no es viable, ya que una familia podría demorar hasta cinco años en recibir una vivienda mientras que designa un recurso fijo a la construcción de otras casas. “El esquema tendría que hacerse por lo menos con diez familias para que esto funcionara y las personas tendrían que contar con una capacidad financiera mínima de 11.000 pesos mensuales designando 30% de sus ingresos al mes a vivienda”, indica Fernando Soto-Hay, director de Tu Hipoteca Fácil, empresa inmobiliaria y de financiamiento para vivienda.
De este modo, hay dos esquemas posibles para la obtención de una casa con valor mínimo de 200.000 pesos. En el primero, la familia tendría que tener un ingreso mínimo de 21.000 pesos. “Una persona que gana 21.000 pesos no vive en una casa de estas características”, dice Soto-Hay.
Esto sería muy difícil para una familia en México. Segun la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares elaborado por el INEGI el ingreso mensual promedio de una familia es de 15.507 pesos al mes, por lo que tendrían que designar un porcentaje mucho más alto.
En el segundo esquema, aunque los ingresos requeridos son menores, el tiempo que una familia se quedaría sin vivienda al esperar que le toque su turno, es de cinco años. “Lo que no lo hace viable”, comenta el directivo inmobiliario.
El mecanismo de tandas sí es usado en México para vivienda, pero no en construcción total, sino par algunas secciones de la casa según dice a Verne Francesco Piazzesi, director de Échale a tu Casa, empresa social enfocada en dar acceso a vivienda a personas de bajos recursos. “La tanda se usa para vivienda progresiva, es decir, un cuarto con baño, una estancia, un cuarto extra o bardas”, dice. “Requiere mucha confianza, son procesos comunitarios, lo que se hace es que se organiza un comité de vivienda pero todos se tienen que reconocer entre ellos”, precisa.
Ambos representantes del sector inmobiliario indican que el gobierno debe facilitar los esquemas de autoconstrucción y el acceso a financiamiento, con programas urbanísticos viables para que las viviendas que se construyan puedan sobrevivir el embate de otros eventos naturales.
El Gobierno mexicano ha anunciado que utilizará el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para reconstruir viviendas y asistir a los damnificados por los sismos. El costo estimado de las secuelas de ambos eventos ocurridos en septiembre es de aproximadamente 2,000 millones de dólares. El uso del Fonden, sin embargo, no garantiza la cobertura de estos costos. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado las irregularidades y los retrasos que persisten en este presupuesto gubernamental, según una investigación de EL PAÍS.
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