¿Es la colaboración ciudadana la mejor opción para localizar al hombre que maltrató a un jabalí?

La Guardia Civil ha pedido este martes colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para avanzar en una investigación relacionada con el maltrato animal. "¿Conoces al que ha golpeado y ahogado un jabalí que había caído a un canal de riego?", ha preguntado en Twitter. Lo ha hecho a través de un mensaje en el que muestra parte de un vídeo que se había compartido previamente en Facebook.

Horas después de la publicación de este mensaje, el organismo de seguridad confirma a Verne que el autor de esta agresión "está localizado y denunciado". El PACMA también compartió la grabación, aunque pixelando el rostro del agresor.

En el tuit original se especula con que en el vídeo se escucha hablar "acento valenciano", aunque Guardia Civil confirma a Verne que el autor de este ataque reside en Cataluña.

Como ya ocurrió el verano pasado con la investigación de @policia sobre el supuesto ataque a un conejo, existe un debate en torno a este tipo de colaboración ciudadana. La duda reside en si es adecuado compartir en redes sociales imágenes de ciudadanos que son objeto de investigación cuando aún no han sido juzgados.

En este caso, la colaboración ciudadana se ha solicitado para esclarecer un hecho que no es delito, aunque muchos compartieron el vídeo porque las imágenes les resultaron desagradables y condenables.

Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) explican a Verne que “el código penal solo lo contempla como delito si recibe la agresión un animal domado o amaestrado, que viva bajo el control humano. Los animales salvajes, como puede ser el caso de un jabalí, no están protegidos”, comenta uno de sus representantes.

A lo que "sin duda" se enfrentará la persona que aparece en el vídeo tras probarse el ataque es a una infracción administrativa. "Suele conllevar multas importantes. Es la comunidad autónoma en la que han ocurrido los hechos la que lo decide, ya que cada una de ellas tiene su propia forma de legislar el bienestar animal. Al ser Cataluña, si se considera infracción grave puede pagar hasta 2.000 euros. Si la infracción es muy grave, la multa puede llegar a los 20.000 euros", apunta Seprona.

La jefatura de Seprona que investiga asuntos relacionados con el medioambiente recurre a veces a las redes sociales para avanzar en sus pesquisas. Es la Oficina de Relaciones Informativas (ORIS) de Guardia Civil la que se encarga de decidir qué investigaciones se publicitan en sus cuentas de Twitter y Facebook, en función de si consideran que la resonancia social lo merece, explican desde Seprona.

Desde Guardia Civil aseguran a Verne que fue un ciudadano anónimo quien envió el vídeo con el ataque al animal para denunciar los hechos. "Tras agotarse todas las vías de investigación posibles, se decidió recurrir a la colaboración ciudadana compartiéndolo en redes, ya que la grabación ya era viral".

Investigaciones paralelas

En el caso del jabalí agredido, una web dedicada a los animales ha decidido investigar por su cuenta, como anuncia en un artículo en el que asegura haber dado con la identidad del agresor. En el texto da detalles sobre la región en la que vive el presunto agresor y sus aficiones, que luego otros usuarios han enlazado en Twitter.

La asociación confirma que, después de publicar el texto, tuvieron que rectificar parte de la información que habían facilitado sobre el autor del maltrato animal por ser errónea. A raíz de esos datos y de los numerosos vídeos compartidos en Twitter y Facebook, ha surgido reacciones públicas como las siguientes.

Los expertos legales consultados por Verne el pasado verano explicaban que los protagonistas de vídeo como estos siempre pueden denunciar en el caso de recibir por redes amenazas contra su integridad.

Carlos S. Almeida, jurista del bufete Almeida especializado en nuevas tecnologías, recomendaba entonces que las posibles pistas que los ciudadanos quieran facilitar se hagan llegar a la Guardi Civil por mensaje privado. De lo contrario, “se puede estar alimentando un linchamiento público y colectivo, que es perseguible para los usuarios que participen en él”, indica.

En cambio, el abogado Borja Adsuara indicaba entonces a Verne que “la obligación de la Policía o Guardia Civil y el derecho ciudadano de perseguir un posible delito de maltrato animal prevalece sobre el derecho a la intimidad y demás consideraciones”.

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