Que Nuevo León reconozca el derecho a la vida en su Constitución no significa que prohíba el aborto

En el Estado siguen vigentes los supuestos por violación, peligro de muerte o riesgo a la salud de la mujer

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Un grupo de mujeres exigen la legalización del aborto en todo el país, en Ciudad de México
Un grupo de mujeres exigen la legalización del aborto en todo el país, en Ciudad de México.

El Congreso del Estado de Nuevo León (norte de México) aprobó reformas en su Constitución para "reconocer, proteger y tutelar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural". Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, los diputados estatales suman al Estado a la lista de entidades que tienden hacia el conservadurismo dándole estatus jurídico al feto como es el caso de Veracruz, Chihuahua, Puebla o Oaxaca. En total 20 Estados -de los 32 que tiene México- reformaron sus constituciones para dar estatus jurídico al embrión.

Esta reforma de la Constitución no se contrapone con los supuestos de aborto que se contemplan en el Código Penal de Nuevo León, donde las mujeres pueden interrumpir su embarazo de acuerdo a tres causales o supuestos: en caso de violación, peligro de muerte o riesgo a la salud de la mujer. Solo la Ciudad de México contempla el aborto libre hasta la semana 12.

El anuncio de la reforma generó reacciones en redes sociales, en su mayoría, pidiendo el aborto legal para todo el país y criticando la medida de los legisladores de Nuevo León.

En Verne hablamos con la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos, para resolver las dudas que están surgiendo en redes sociales sobre si la reforma constitucional de Nuevo León supone una prohibición del aborto o un retroceso en los supuestos que ya existían.

"Para nosotras lo más importante es que las mujeres sepan que tienen derecho a acceder al aborto en Nuevo León, esto no ha cambiado", cuenta la abogada Ramos.

En el Estado, gobernado por el independiente Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', existe pena de prisión por el delito de aborto fuera de las tres causales anteriores. "La media de prisión por el delito de aborto en Nuevo León es de 6 meses a un año de prisión. La media en el país es de tres años", detalla Rebeca Ramos quien agrega que con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria las mujeres no tendrían que pisar la cárcel.

Rebeca Ramos considera que aunque este tipo de cambios políticos no tienen una implicación directa con prohibir el aborto, abonan el conservadurismo de la población y la opinión pública en contra de la interrupción del embarazo. "Han aumentado las denuncias contra mujeres por parte del personal médico, creando un clima de persecución en los hospitales hacia las que quieren abortar", añade.

"Desde GIRE seguimos exigiendo al Estado que garantice los servicios de aborto legal en los hospitales, la Secretaría de Salud de Nuevo León sigue teniendo esa obligación. La Ley de Salud en México da la posibilidad al personal médico de objetar conciencia en caso de un aborto, excepto si es una emergencia o si la vida de la mujer corre peligro, en ese caso están obligados", detalla Ramos.

"Además existe la NOM-46, una normativa a nivel federal que permite a las mujeres víctimas de violación acceder al aborto legal en todo el país sin tener que presentar una denuncia previa ni acudir a la policía", agrega la abogada, quien recuerda que pese a las constituciones conservadoras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en dos casos en Morelos y Oaxaca que "negar el servicio de aborto a una mujer es una violación a los derechos humanos".

En esta misma línea desde la organización Fondo María, que ayuda a abortar a mujeres que no tienen recursos, recalcan que la reforma no representa un obstáculo legal para abortar según las causales legales que existen en el Estado.

"El Frente Nacional por la Familia está haciendo presión y empujando en los Estados donde no había este cambio en la Constitución para proteger la vida desde la concepción y en donde ya existe esto, intentar frenar cualquier intento de que lo cambien y se avance hacia el aborto libre", dice la comunicadora política y activista Ana González.

"Con esa reforma hasta los dispositivos intrauterinos y otros anticonceptivos estarían amenazados. Este tipo de medidas quieren criminalizar a todas esas mujeres que abortan y dar en la torre a la agenda abortista, la agenda de los derechos de las mujeres y el derecho a decidir", concluye González.

Próximo al Día Internacional de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil y activistas del Movimiento Marea Verde participaron en la Cámara de Diputados y Senadores en mesas de discusión para pedir la despenalización del aborto en México.

De acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna, en México, el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna, representando el 9.3% del total de muertes maternas en 2015. "Las mujeres que desean interrumpir embarazos son criminalizadas y se ven forzadas a moverse a la Ciudad de México y en caso de no contar con recursos, se exponen a hacerlo en condiciones que pueden ser inseguras poniendo en riesgo su vida y su salud", dice las organizaciones pertenecientes a la Marea Verde.

El pasado 6 de marzo, grupos de mujeres que piden que el aborto libre sea una ley a nivel federal en México, colgaron en diversos puentes del país, pancartas de color verde por el derecho a decidir de las mujeres.

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