¿Hay algo más difícil que alquilar una vivienda con el actual mercado inmobiliario? Sí, alquilarla estando en silla de ruedas. Alicia Resino (55 años) lleva cuatro años intentándolo. Su vida es Idealista, dice ella, pero también Fotocasa, Mil Anuncios y cualquier otro buscador de esos que guarda entre sus páginas de favoritos y que cada mañana visita compulsivamente con la esperanza de encontrar un lugar donde vivir.
“He llamado a particulares y a portales inmobiliarios, pero todos me decían que no. Que ellos no tenían ese tipo de pisos”, se queja Alicia, para quien sus preocupaciones no tienen que ver con encontrar un piso barato, céntrico y luminoso, sino con cosas cotidianas, como entrar por la puerta, alcanzar los interruptores, moverse por el pasillo, pegarse una ducha o prepararse la comida. Son características tan necesarias como difíciles de encontrar en un parque inmobiliario tan antiguo como el español, con una edad media de 44 años.
“Hay escasez de vivienda accesible tanto en alquiler como en venta”, reconoce Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). “En los últimos años se han hecho más accesos y rampas, los ascensores son más amplios, pero arquitectónicamente sigue habiendo problemas”, asegura. Esto provoca que unas 100.000 personas no puedan salir nunca de sus viviendas.
Claudio Ciprian (20 años) también vive este problema en carne propia. Él lleva más de un año buscando un alquiler en Barcelona. “No hay pisos adaptados para personas en silla de ruedas. Busco y nada. He buscado en internet, en redes sociales, en anuncios de locutorios y, de verdad, no hay nada”, lamenta. Mientras que la mitad de los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años vive en casa de sus padres, según la última encuesta del INE, ese porcentaje se acerca al 70% entre los jóvenes con discapacidad. “La gente con discapacidad nos vemos obligados a quedarnos con nuestras familias”, denuncia Alicia, “aunque tengamos trabajo no nos podemos independizar”.
Los portales inmobiliarios suelen contar con filtros que permiten afinar la búsqueda de piso según las necesidades de cada arrendador, sin embargo en ellos no existe ninguna casilla para seleccionar pisos adaptados. Por eso, en 2019 la asociación de personas con lesión medular Aspaym puso en marcha su propio buscador, pisosaccesibles.es, con la idea de ponérselo más fácil a personas como Alicia o Claudio. La idea es reunir en una sola página viviendas que realmente cumplan requisitos de accesibilidad, aunque la oferta aún es pequeña. “Así deberían ser todas las webs. Primero, deberían dar información sobre el entorno: cómo está comunicado, si el metro o bus cuentan con accesibilidad... Luego, deberían precisar qué parámetros de accesibilidad tiene la vivienda. Lo ideal sería que hubiese planos acotados de los espacios”, explica Carmen Fernández, arquitecta y responsable de Accesibilidad Universal en la Fundación ONCE.
Qué significa que un piso sea realmente accesible
Para que una vivienda sea considerada accesible tiene que cumplir con una serie de condiciones que establece el Código Técnico de Edificación de 2010. Por ejemplo, que no tenga escalones ni desniveles, que la anchura de los pasillos no sea inferior a 1,10 metros, que las puertas midan como mínimo 80 centímetros de ancho, o que las habitaciones tengan espacio suficiente para que gire una silla, es decir, un diámetro de al menos 1,50 metros de anchura. “Hay que tener en cuenta que por donde pasa una silla de ruedas pasa todo el mundo, pero al revés no”, cuenta Carmen Fernández.
El Código también establece requisitos para personas con discapacidad auditiva, como que disponga de un avisador luminoso para el timbre. En cuanto al exterior de la vivienda, las pautas incluyen la instalación de rampas -si hay que salvar obstáculos en el portal-, la altura del portero automático y los buzones, el uso de botones en braille en los ascensores o el espacio mínimo de las zonas comunes.
Así deberían ser, en teoría, los pisos que se etiquetan a sí mismos como “accesibles”, pero igual que muchos otros apartamentos afirman ser acogedores cuando en realidad parecen zulos, ellos dicen ser accesibles cuando lo más probable es que sólo tengan una rampa y un ascensor.
“A veces ponen que es accesible para personas con movilidad reducida y luego la rampa es insufrible, me mato si tengo que bajarla yo sola. Lo ponen tan genérico en los anuncios que tienes que ir a ver el piso porque luego no cumplen”, explica a Verne María Sánchez desde Torrevieja (Alicante). Ella tuvo suerte porque solo tardó un mes en encontrar habitación en un piso compartido. Aunque, a cambio, tuvo que renunciar a otras cosas. “He visto viviendas que me interesaban más por el precio, pero tuve que decir que no porque tenían escalones”.
¿Qué dice la ley?
Desde diciembre de 2017, todos los edificios residenciales en España deben cumplir obligatoriamente con las condiciones básicas de accesibilidad. Pero, como explica Carmen Fernández, “la normativa solo exige unos mínimos”, entre los que se incluyen el acceso a la finca, la comunicación vertical entre los pisos -que obliga al uso de ascensor- y las zonas comunes como trasteros y aparcamientos. Es decir, el recorrido desde la calle hasta la puerta de casa.
“En general, la edificación nueva lo cumple, pero todo lo que había antes, que es mucho patrimonio, hay que irlo adaptando poco a poco. Si no va acompañado de ayudas públicas es complicado”, señala la arquitecta. Un estudio de 2018 realizado por la Fundación Mutua de Propietarios puso en evidencia que solo “un 0,6% de los 9,8 millones de edificios de viviendas en España” cumple la normativa.
Una de las razones es que en los bloques antiguos solo es obligatorio hacer obras de adaptación si un residente lo pide y siempre que el coste de esa obra no supere el equivalente a doce mensualidades de comunidad. Pero la ley es todavía más laxa dentro del hogar. Las administraciones tienen la obligación de reservar un 4% de las viviendas públicas que construyen para que sean adaptadas, pero los promotores privados no.
“En un país como el nuestro, donde el metro cuadrado es a doblón, ningún constructor va a tirar nunca metros de más en un baño”, señala Lidia Martín, coordinadora de accesibilidad en Aspaym. La única opción segura entonces es la pública, que se ha venido ralentizando en estos años. En 2018 se construyeron 2.420 viviendas públicas para el alquiler. El 4% serían exactamente 96,7 para toda España.
“Y tendrías que verlas”, advierte Alicia Resino, “a una amiga le concedieron un piso del IVIMA (Instituto Municipal de la Vivienda de Madrid) y era un bajo lleno de rejas. Es como si nos castigasen a vivir en zulos. Yo eso no lo quiero”.
“Lo siento, ya no está disponible”
Existe una opción más y es alquilar una casa con barreras y adaptarla después, cosa que permite la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Cualquier inquilino con discapacidad o mayor de 70 años puede realizar, previa notificación al arrendador, aquellas obras que necesite, siempre que se comprometa a devolver la vivienda a su estado original cuando finalice el contrato.
Eso dice la ley, pero la realidad es que muchos caseros se niegan. “El mayor problema es el baño adaptado. Nosotros hemos propuesto hacer la reforma nosotros mismos, pero los propietarios no están dispuestos. Nos ha pasado en tres pisos distintos”, relata Miriam González, de Santa Cruz de Tenerife, quien lleva seis meses buscando una vivienda de alquiler para su padre, de 83 años.
Luego hay caseros que se espantan simplemente con ver la silla. “De forma directa no te lo van a decir”, señala Lidia Martín de Aspaym, “pero hay propietarios que tienen miedo a que se produzcan daños en la casa por el uso de la silla o que les manches las paredes”, asegura.
Anxo Queiruga de Cocemfe también menciona este tipo de casos. Habla directamente de discriminación. “Nos ha llegado algún caso. Cuando llaman y dicen que van en silla les responden que ya no tienen nada disponible. Es una manera de quitarte de delante”.
José Palomino (28 años) pasó por esa incómoda situación varias veces. Él se quedó parapléjico a raíz de un accidente en agosto de 2019 y, desde entonces, ha tardado meses en dar con un piso de alquiler en Valladolid. “Cuando veían la discapacidad se echaban para atrás, cuando contabas el caso te decían que no lo alquilaban”, explica.
Como indica Lidia Martín, la falta de vivienda es un problema para las personas con discapacidad. Pero quizás lo sea aún más para las personas como José, con discapacidad sobrevenida, ya que al ser algo repentino les urge todavía más. “Hemos tenido casos de personas que han tenido que hacer estancias temporales en residencias de ancianos hasta conseguir una vivienda. Y claro, un chaval de 25 años no quiere irse a una residencia, pero no le queda más remedio”.
Por todo esto el reto está en convencer a administraciones y sobre todo a promotores privados de que construyan más pisos adaptados. “La accesibilidad no perjudica a nadie, beneficia a todo el mundo. Y si se introduce desde el mismo diseño del edificio no supone ningún problema de coste”, recuerda Anxo Queiruga, “cualquier persona en un momento puntual seguro va a necesitar de accesibilidad”.
Las personas con discapacidad en España representan casi el 10% de la población. Y eso sin contar con todas aquellas personas mayores, enfermas o familias con hijos que igualmente necesitan vivir sin obstáculos.
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